La institución, integrante de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), solicitó a la Asamblea Legislativa analizar los efectos del Segundo Presupuesto Extraordinario 2026 sobre el acceso a la salud, la vivienda, la educación y la protección social.
El organismo emitió criterio ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley «Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026 y Segunda Modificación Legislativa a la Ley N.º 10.836», expediente legislativo N.º 25.803.
“Un presupuesto no es solamente una cifra. Detrás de cada decisión presupuestaria hay personas, familias, y derechos que deben ser protegidos. Por eso es importante conocer por qué existen fondos sin ejecutar, cuáles necesidades siguen pendientes y sobre todo, cómo se garantizará la continuidad de los servicios”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
La Defensoría de los Habitantes recomendó a la Asamblea Legislativa requerir al Ministerio de Hacienda, a DESAF y a las instituciones involucradas información comparable sobre ejecución, metas, causas de los reintegros y población beneficiaria y pendientes, detalle de las rebajas y el costo del financiamiento, antes de valorar los efectos definitivos de la iniciativa sobre la garantía de los derechos humanos, en observancia de los principios de igualdad, progresividad, no regresividad y uso del máximo de recursos disponibles.
