Su “preocupación” por la “escalada de violencia” en los centros de privación de libertad en Ecuador y por la “grave crisis” que enfrenta el sistema de rehabilitación social de ese país, plantearon defensores del pueblo de 22 países nucleados en la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que se reunieron en las últimas horas en Santo Domingo, República Dominicana.
La declaración de los titulares de instituciones de derechos humanos, apuntó a que el Estado ecuatoriano “adopte las medidas necesarias para garantizar la protección” de las personas privadas de libertad, “especialmente los derechos a la vida y su integridad”.
Asimismo, los ombudsman instaron al gobierno de Ecuador a “respetar el mandato constitucional e independiente de la Defensoría del Pueblo, en especial en el marco de la ejecución de política pública”, y le exigieron que “asigne el presupuesto necesario” a esa organización de DDHH y “por ende al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a fin de que cuente con los recursos suficientes para el cumplimiento de su mandato…”.
