Bogotá. Mayo 13, 2015
Al término de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migración y Trata de Personas, los 28 defensores de América Latina, España y Portugal, reunidos a instancias de la FIO y la Defensoría del Pueblo de Colombia, con el auspicio de la Agencia Alemana GIZ, firmaron la Declaración de Bogotá, que se convierte en una hoja de ruta contra estos delitos de carácter transnacional. A continuación, el contenido completo del documento.
DECLARACIÓN DE BOGOTÁ DE LA PRIMERA CUMBRE IBEROAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS, DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO).
Las instituciones que constituimos la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), reunidas en Bogotá, República de Colombia, con motivo de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, a fin de enfrentar el riesgo de personas en migración, trata y tráfico ilegal de personas, declaran:
La trata de personas constituye un grave delito de carácter nacional y transnacional, que en su aumento desmedido afecta de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados, y que para su erradicación es necesario definir e implementar estrategias globales eficaces;
Existe una gran preocupación de los Estados por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el establecimiento de diversas políticas de inmigración, que no resultan armónicas en materia de flujo migratorio;
La trata y tráfico ilegal de personas afectan la integridad, dignidad y libertad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como mujeres, niños y niñas, personas migrantes, indígenas, etc.
Somos conscientes de la importancia que como Ombudsman tenemos para promover políticas públicas que privilegien a las y los titulares de derechos y víctimas de su violación reivindicando sus derechos a través de asistencia inmediata y reparación integral.
Por tales razones, nos comprometemos a:
Incrementar nuestros esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación del tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos, pongan siempre en el centro a la persona, evitando aquellas actuaciones que, en su lucha contra estos delitos, olviden la protección y el derecho a la reparación de cada víctima.
Instar a que los Estados cumplan los contenidos del Protocolo de Palermo, por medio de la implementación de políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género.
Visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos.
Adelantar las acciones que sean necesarias para que dentro del ordenamiento jurídico se incorporen los principios internacionales de derechos humanos, que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.
Tener en cuenta, asimismo, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios como así también la niñez migrante sin acompañamiento y de su situación de vulnerabilidad.
Impulsar la consagración por los Estados de los instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal, cuando este delito se estructure como de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.
Intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción, concienciación, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes del Estado, articulando iniciativas de nuestras instituciones para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas.
La FIO tiene la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo una mejor protección de los derechos de las víctimas de la trata de personas y particularmente de las y los migrantes de nuestra región, así como la participación de las víctimas en tanto son sujetos de derecho.
Dada en Bogotá, República de Colombia, a los 13 días del mes de mayo de 2015.
BOGOTÁ, COLOMBIA
13 DE MAYO DE 2015
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