La necesidad de protección social, en particular para las personas con discapacidad, así como el problema de la violencia doméstica, especialmente cuando se ejerce sobre las personas mayores; y las condiciones de detención de prisioneros y extranjeros, forman parte de la contribución que la Provedora de Justiça de Portugal elevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco de la quinta evaluación del Estado portugués sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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