La crisis que afecta a Iberoamérica por el desplazamiento forzoso de personas, que se traduce en un aumento “dramático” de flujos migratorios mixtos, que hasta fines de 2020 sumaba más de 7 millones de seres fundamentalmente en la región de América Central, motivó la intervención de defensores de derechos humanos de 22 países que en las últimas horas se reunieron en Santo Domingo, República Dominicana.
En efecto, durante la XXV asamblea anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), los defensores instaron a los estados a “tomar medidas” para atender ese desplazamiento forzoso de personas.
En ese contexto, los ombudsman de Iberoamérica reclamaron a “los gobiernos de la región, tanto a nivel nacional como local” a que “instauren medidas que garanticen, respeten y protejan a las personas refugiadas y desplazadas”, y consideraron que “es necesario que el tema de movilidad humana se trabaje de una forma coordinada…”.
