En carta al Presidente de la República, Jorge Armando Otálora Gómez, recomendó tener en cuenta una posible pérdida en el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos.

Con el propósito de garantizar los objetivos constitucionales en el manejo de la economía social, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, sugirió al Gobierno Nacional estudiar la posibilidad de revisar y modificar el incremento del salario mínimo para el año que comienza.

En carta al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el jefe del organismo humanitario recomendó tener en cuenta la sentencia C-815 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, según la cual es necesario “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.

En ese orden de ideas, el Defensor Otálora Gómez recuerda que si bien la inflación promedio para el año 2015 fue de 6,77 por ciento, el IPC para los hogares con menores ingresos fue del 7,26 por ciento, cifra superior al aumento del 7 por ciento autorizado según el reciente decreto gubernamental.

Cabe anotar que de conformidad con el boletín técnico emitido por el Dane respecto al comportamiento del índice de precios al consumidor, los grupos de ingresos se clasifican en tres categorías, correspondientes a los hogares con ingresos bajos (50 por ciento), con ingresos medios (45 por ciento) y con ingresos altos (5 por ciento).

En razón a lo anterior y a que el IPC se emplea para calcular, además del salario mínimo, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el Defensor del Pueblo invitó al Presidente de la República y a su equipo económico a estudiar la posibilidad de modificar la cifra del 7 por ciento, y ordenar un ajuste mayor para los colombianos menos favorecidos.