La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia ante la y los Magistrados de la Sala IV que estudian la consulta de constitucionalidad del Proyecto de “Ley De Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2017”, que propone recortes presupuestarios que afectarían al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a los programas de los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
En la coadyuvancia, la Defensoría se refirió, entre otras cosas, al marco internacional de derechos humanos vigente en nuestro país.
Al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado costarricense ha asumido el compromiso ante la comunidad internacional y frente a la población menor de edad del país, de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, financieras y de cualquier otra índole, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos allí reconocidos a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción. Esta obligación es retomada por el Código de la Niñez y Adolescencia.
También, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce, en el artículo 2, que para su efectivo cumplimiento cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
Indica la Defensoría que la más reciente Observación General del Comité de los Derechos del Niño, N° 19, (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos señala, entre otras cosas, que: “Las “medidas legislativas” que los Estados partes están obligados a adoptar en relación con los presupuestos públicos son, entre otras, revisar la legislación existente y formular y aprobar nueva legislación que aspire a asegurar que los presupuestos sean lo bastante cuantiosos como para hacer efectivos los derechos del niño a nivel nacional y subnacional”.
Considera la Defensoría que a la luz de los instrumentos internacionales, Costa Rica asume la obligación jurídica de asegurar que sus leyes, políticas y prácticas nacionales estén en armonía con los derechos humanos. Es deber de los Estados NO incumplir directamente los derechos reconocidos, sino también asegurar las condiciones que permitan su respeto, protección, goce y ejercicio.
Agrega la Defensoría que los recortes presupuestarios pretendidos atentan contra el Principio de Control de Convencionalidad, obligación de toda autoridad pública, que consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte.
Sostiene la Defensoría, como consideración adicional, la importancia de invertir en niñez y adolescencia, tal como se dispuso en el Documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo: Agenda de Acción de Addis Abeba, 15 de julio del 2015 que señaló, entre otras cosas:“7.- Reconocemos que invertir en los niños y los jóvenes es fundamental a fin de lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para las generaciones presentes y futuras, y reconocemos la necesidad de apoyar a los países que se enfrentan a dificultades particulares para hacer las inversiones necesarias en este ámbito (…)”
Para la Defensoría, las acciones y políticas públicas que realiza el Estado para dar cumplimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes se reflejan en su presupuesto, en todas sus fases. El presupuesto es la expresión por excelencia de las políticas de Gobierno, y muestran dónde y cómo se invierten los recursos y también qué programas no tienen suficiente asignación de recursos. Es así que, durante su elaboración se deben tomar en cuenta las obligaciones del Estado frente a los Derechos Humanos: La Convención sobre los Derechos del Niño impone a todos los Estados partes, la obligación de movilizar y asignar recursos con el fin de invertir en los niños, niñas y adolescentes; y, reconoce que solo mediante los presupuestos públicos es posible prestarles servicios como la salud, la educación y la protección especial y hacer efectivos sus derechos.
Se reitera no sólo la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por el recorte presupuestario, sino además su irrazonabilidad, al considerar la redistribución de los recursos recortados al PANI hacia el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Ministerio de Agricultura y Ganadería, dándole un fin distinto a lo dispuesto por el legislador y, por ende, en detrimento del mandato constitucional que tiene esta institución encargada de su atención y protección.
Así las cosas, la Defensoría solicita declarar la inconstitucionalidad del proyecto de “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2017”, Expediente Legislativo 20087.
