COLOMBIA: Desnutrición infantil, un drama que golpea más duro a los indígenas
Políticas ineficientes, las sequías, mala calidad del agua, la corrupción y la desigualdad, son algunos de los factores que agudizan esta problemática, particularmente en las zonas más apartadas de la geografía y que afectan a la población más vulnerable.
En Colombia siguen muriendo los menores de edad por enfermedades asociadas a la desnutrición tales como infección respiratoria aguda, deshidratación, infecciones, neumonía. Según el Programa Mundial de Alimentos el hambre y las enfermedades relacionadas son la mayor amenaza contra la salud.
De acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido del año, se han registrado 63 muertes en niños menores de cinco años por diferentes patologías asociadas a la desnutrición, una cifra escandalosa para un país que en sus políticas públicas ha definido como prioridad el bienestar de los niños y las niñas.
Por ubicación de residencia, en La Guajira, Meta y Magdalena el INS reporta el 42,9% de los casos. Por pertenencia étnica, 34 casos (el 56,7%) se notificaron en indígenas, 25 casos (el 41,7%) como otros grupos y cuatro casos (el 6,7%) en afrocolombianos.
La Defensoría del Pueblo ha identificado en varias visitas humanitarias a las regiones más alejadas de la geografía nacional en los departamentos de la Guajira, Vichada, Chocó, Arauca, Guaviare y Meta que dentro de los hechos que más vulneran los derechos de los menores la desnutrición ocupa uno de los primeros lugares, máxime cuando se trata de población en condiciones socioeconómicas desfavorables y que geográficamente se ubican a gran distancia de los centros poblados.
Entre las problemáticas que agudizan la situación de la niñez indígena se destacan la inexistencia de registro civil, el subregistro de enfermedades, la falta de precisión sobre las causas de los decesos, ubicación lejana de centros poblados, no contar con vías de acceso, la pobreza extrema. A esto se suma la falta de funcionarios de las entidades del Estado y personal asistencial que hablen su lengua y que conozcan más de cerca su situación.
Vale recordar la situación denunciada por la Defensoría del Pueblo en La Guajira donde entre 2009 y 2013 murieron por desnutrición 278 niños, de los cuales el 98,5% eran indígenas.
En los resultados de la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en el departamento de La Guajira se identificó que 9 municipios del departamento están en peligro de desnutrición de menores de 5 años; 5 municipios en alerta roja, por ser los que han presentado los más altos índices de mortalidad por desnutrición los cuales son: Riohacha, Manaure, Maicao, Dibulla y Uribia.
De la misma forma, resultados importantes se detectaron en el Chocó donde se denunció que en la zona del Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó, la gravedad de los problemas de salud que enfrentan las comunidades indígenas. En ese lugar del departamento han fallecido más de 32 niñas y niños por falta de atención médica y se pudo constatar el fallecimiento de 13 niños indígenas por enfermedades relacionadas con la desnutrición.
Por otro lado, en el departamento de Arauca se reportó la muerte de un menor por desnutrición, y el riesgo inminente para seis niños y niñas de un resguardo indígena en esa región; así como que madres gestantes y/o lactantes, algunas de ellas en edad adolescente, también padecen síntomas asociados a problemas de esta naturaleza.
En su más reciente misión humanitaria la Defensoría recorrió 11 comunidades indígenas del departamento del Vichada donde encontró una situación igualmente crítica de las comunidades indígenas, particularmente de sus niños.
En la revisión médica y nutricional, la Entidad pudo corroborar que 7 de cada 10 niños padecen alguna enfermedad asociada a la desnutrición, lo cual resulta muy elevado en relación con los registros de otros departamentos donde las comunidades indígenas no se ubican tan lejos de los centros urbanos.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a que las entidades estatales que tienen como responsabilidad garantizar los derechos de los niños y niñas colombianos, no escatimen esfuerzos en su tarea y que efectivamente los más pequeños gocen del pleno de sus derechos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia
