España abre la puerta a la regularización a una población estimada de cerca de 500.000 personas
migrantes. La Red sobre Movilidad Humana y Trata de Personas de la FIO celebra la medida y llama
a los Estados iberoamericanos a seguir esta buena práctica.
El 14 de abril de 2026, el Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto 316/2026, una medida de
regularización migratoria extraordinaria que permitirá a una población estimada de cerca de medio millón
de personas que viven y trabajan en España, pero carecen de estatus migratorio regular, obtener una
autorización de residencia y trabajo. Las solicitudes pueden presentarse desde el 16 de abril hasta el 30
de junio de 2026, de forma presencial o telemática. Desde el inicio del trámite, las personas solicitantes
quedan habilitadas provisionalmente para residir y trabajar.
La Red destaca que esta medida tiene una triple legitimidad. Primero, de derechos humanos: reconoce la
dignidad de personas que viven en situación de vulnerabilidad administrativa, garantiza su acceso efectivo
a derechos fundamentales y previene la explotación laboral, en línea con los compromisos internacionales
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018. Segundo, social: fortalece la
cohesión comunitaria y reconoce la aportación cultural y humana de personas que ya conviven, estudian y
construyen comunidad en la sociedad española. De esta forma, España demuestra que la regularización
migratoria y el buen gobierno son compatibles y se refuerzan mutuamente. Tercero, económica: al
regularizar a personas que ya forman parte del tejido productivo del país, se amplía la base de cotizantes
a la seguridad social, se reduce la economía informal y se genera un impacto fiscal neto favorable.
Esta decisión reconoce una realidad que ya existía: estas personas trabajan, cuidan a sus familias y dan
vida a sus comunidades. Detrás de cada expediente hay una historia de esfuerzo y de arraigo. Regularizar
su situación no es solo un acto de justicia: es también la respuesta más eficaz para combatir la
irregularidad migratoria. Cuando los Estados abren vías regulares accesibles, especialmente para las
personas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, reducen la exposición a redes de trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes, combaten la economía informal, fortalecen los sistemas de
protección social y permiten que las personas migrantes contribuyan plenamente a las sociedades que las
acogen. Hacemos un llamado a los gobiernos iberoamericanos a aprender de esta experiencia y a adoptar
medidas que pongan los derechos humanos en el centro de la gobernanza migratoria.
En un momento en que múltiples países endurecen sus políticas migratorias, esta decisión de España
apunta en sentido contrario: gestionar la migración con humanidad, con criterio y con apego a los
derechos humanos. La Red sobre Movilidad Humana y Trata de Personas de la FIO insta a los demás Estados
de la región a adoptar mecanismos similares, adaptados a sus propias realidades, que permitan reducir la
irregularidad migratoria y proteger la dignidad de las personas en movimiento y sus familias.