El protocolo que firmó la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC) se enfocará en denuncias de violencias, persecuciones y otras acciones arbitrarias contra poblaciones afectadas por la construcción y operación de esos emprendimientos. Apunta, además, a la protección a la vida, a la dignidad, a la vivienda, a la función social de la propiedad y también a la libertad de expresión y de asociación.

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