22 de junio de 2018
Se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación social que el Gobierno de los Estados Unidos de América separa a las familias que intentan ingresar a ese país, de tal forma que las niñas, niños y adolescentes migrantes que llegan con sus familiares son apartados de estos y llevados bajo custodia del gobierno estadounidense. Asimismo, se tuvo conocimiento de que un gran número de niñas, niños y adolescentes migrantes habrían desaparecido tras ser separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos.
Dichas separación lleva a que las niñas, niños y adolescentes migrantes son alejados de sus padres y madres, para ser puestos bajo custodia del Estado, mientras este incoa procesos penales en contra de los adultos.
Anteriormente, las familias migrantes eran excluidas de la detención obligatoria y eran puestas en libertad o reubicadas en programas alternativos a la detención.
Se trata de políticas que castigan a los niños por las acciones de sus padres, que han sido calificadas por la Asociación Estadounidense de Pediatría como “abuso infantil sancionado por el gobierno” que puede causar un “daño irreparable” con “consecuencias de por vida”.
En palabras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “la idea de que cualquier Estado tratará de disuadir a los padres infligiendo tal abuso a los niños es inconcebible”. El Alto Comisionado ha exhortado a los Estados Unidos “a que pongan fin de inmediato a la práctica de la separación forzosa de estos niños”, y ha alentado al Gobierno “a que ratifique por fin la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de garantizar que los derechos fundamentales de todos los niños, cualquiera que sea su estado administrativo, estarán en el centro de todas las leyes y políticas nacionales”.
Para la Federación Iberoamericana de Ombudsman, resulta de particular preocupación este cambio en la política migratoria de los Estados Unidos, que ha dejado de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de la niñez migrante, y ha decidido utilizar la separación de familias no ya solo como un medio disuasorio, sino como una sanción para las personas que intentan migrar a dicho país
Semejante actitud por parte del gobierno estadounidense resulta a todas luces incompatible con el respeto a los derechos humanos más básico, puesto que supone un total desprecio por los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, así como ignorar la especial necesidad de protección que tiene el sistema internacional de protección de los derechos humanos para con ellos.
En efecto, la separación de niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres, madres o familias los hace especialmente vulnerables y los convierte en presas fáciles de violencia, trata de personas y explotación, además de los daños psicológicos y emocionales que una separación de esta naturaleza les provoca. Además de esto, dicha práctica vulnera el derecho a la unidad familiar de las personas migrantes, afectando de manera irreparable los lazos familiares de estos niñas, niños y adolescentes.
Esta política migratoria de los Estados Unidos, supone un ataque frontal a la protección del derecho a vivir en familia. Estados Unidos se encuentra obligado por varios tratados internacionales de los que es signatario. Entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos humanos, en cuyos arts. 1, 2, 12 y 16 se protege la dignidad, la no discriminación y la vida en familia y por supuesto, por el Artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece el derecho de protección a la infancia, y a hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez. La separación de los hijos de sus padres es contraria al interés superior por los daños emocionales que esto les ocasiona a las niñas, niños y adolescentes.
La política de separar a las niñas, niños y adolescentes de sus familias, y ponerles bajo custodia del Estado, tiene como consecuencia su detención y en algunos casos su entrega a hogares temporales, en donde en algunas ocasiones han desaparecido. La libertad personal de las niñas, niños y adolescentes es violentada y son separados de sus familias y detenidos sin que esto se justifique de ninguna manera.
Esta política supone un incumplimiento palmario de la obligación que tienen los Estados de garantizar que sus autoridades respeten los derechos a la vida y la integridad física y psicológica de todas las personas, indistintamente de cuál sea su situación migratoria.
El separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias, y posteriormente detenerlos o entregarlos a hogares determinados por el gobierno de Estados Unidos, con la posibilidad de que desaparezcan y no se tenga control de su paradero o situación personal, vulnera la obligación de garantía de respetar y proteger los derechos a la vida y la integridad física y psicológica, así como el derecho a la familia y el interés superior del niño.
En el contexto de esta dramática situación, el Consejo Rector de la FIO, atendiendo al espíritu y objetivos de esta organización internacional de defensa de los derechos humanos, no puede cerrar los ojos a tan indeseable política y solicita del gobierno de los Estados Unidos de América que:
1) Cese de modo inmediato la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias, y
2) adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos de estos niños, niñas y adolescentes migrantes a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal.
Igualmente, apoya la solicitud de medidas cautelares presentada por varios de sus miembros (México, Ecuador, Colombia, Guatemala y Honduras) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ruega de esta organización que las conceda, para evitar así el daño irreparable que esta política está produciendo en la niñez migrante.
Accede aquí al documento … Pronunciamiento FIO sobre la separación de la niñez migrante en EEUU
