Pronunciamiento del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que denuncia el riesgo del sistema democrático en Bolivia

El pasado 26 de junio se registraron movimientos militares inusuales en las inmediaciones de Plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, sede del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. El presidente denunció a través de sus redes sociales la presencia de “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano” y enfatizó que “la democracia debe respetarse” (SIC).

 

Desde esta Federación, advertimos sobre el grave riesgo que corre la democracia en Bolivia y hacemos un llamado urgente a todos los actores sociales y políticos a proteger, por encima de cualquier otro interés, el estado de derecho, la constitucionalidad y el sistema democrático en el país.

Queremos recordar que, conforme a los Artículos 245 y 246 de la Constitución Política del Estado boliviano, las Fuerzas Armadas no tienen competencia para deliberar ni intervenir en asuntos políticos. Es imperativo que se cumpla y respete esta disposición fundamental para mantener la estabilidad democrática. Este principio se encuentra también respaldado en el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y en los Artículos 4 y 19 de la Carta Democrática Interamericana.

De acuerdo con las noticias publicadas, la situación actual genera preocupación por la posible afectación de la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Las acciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse estrictamente a lo establecido en la Constitución para evitar una crisis política y social.

Por todo ello, el Consejo Rector de la FIO:

 

  1. Manifiesta su profunda preocupación y rechazo por los movimientos militares inusuales registrados en Bolivia y el riesgo que representan para la democracia y el estado de derecho.
  2. Hace un llamado vehemente a todo el pueblo de Bolivia para hacer respetar la Constitución Política del Estado, de manera a fortalecer el sistema democrático.
  3. Expresa su total solidaridad con la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y con el pueblo boliviano, condenando cualquier acción que atente contra el sistema democrático.
  4. Insta a la comunidad internacional y a las instancias de Derechos Humanos a observar de cerca esta situación y tomar medidas para respaldar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Bolivia.
  5. Refuerza y valoriza las actividades llevadas adelante por la Defensoría del Pueblo de Bolivia en defensa del orden constitucional y el Estado de Derecho.
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