Panel 1: “De la contención a la inclusión. Desafíos para el sistema no jurisdiccional en la atención a la población en la agenda de movilidad humana”.
La labor de las instituciones de derechos humanos en colaboración con autoridades del Estado y sociedad civil es crucial para la protección de personas refugiadas, desplazadas y apátridas en las Américas, en donde se vive una crisis sin precedente.
Así coincidieron especialistas durante el Panel 1: “De la contención a la inclusión. Desafíos para el sistema no jurisdiccional en la atención a la población en la agenda de movilidad humana”, desarrollado en el marco del XXVI Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO).
En la mesa que fue moderada por Susana Quiloango, Asesora de regulación migratoria y trata de personas de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), se hizo un llamado a que personas migrantes tengan acceso a la justicia con relación a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
Felipe González, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, señaló -a través de un video-, que la retroalimentación con Organismos e Instituciones de Derechos Humanos es indispensable para la protección de estas personas, quienes por su situación de marginalidad, invisibilidad y temor a ser detenidas, deportadas, secuestradas o agredidas, a menudo no recurren a los tribunales de justicia; por eso es muy importante que tengan acceso, como un camino paralelo, a las instituciones que los protegen.
Por su parte, Josep Herreros Sala, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), destacó que en 2021 aumentó el número de población desplazada en la región, y en las Américas se estima que hay más de 20 millones de personas refugiadas, en condición de asilo, desplazadas internas y apátridas, lo que significa que 1 de cada 6 personas desplazadas en el mundo están en las Américas.
Indicó que México ocupó en 2021, el tercer lugar a nivel global en número de solicitudes de asilo, sólo por detrás de Estados Unidos y Alemania, registrando 130 mil solicitudes; y en lo que va de este año, ya van 100 mil.
En su oportunidad, Miguel Ángel Mora Marrufo, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) explicó que no se debe entender a la vulnerabilidad como una condición per se; pues interviene el contexto, entorno, comunidad, sociedad, instituciones, política pública y legislación.
José Alejandro Córdova Herrera, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, consideró que entre los factores de atracción que promueven la migración interna y externa, destacan la reunificación familiar, mejores niveles de seguridad, empleo, educación y servicios; así como condiciones climáticas más favorables.
