Ante el acoso e intimidación a Larissa Duarte del Movimiento Campesino de Río Cobre y las amenazas a Ligia Arreaga de la Alianza para un mejor Darién (Amedar), el Defensor del Pueblo Panameño, Alfredo Castillero Hoyos, ha determinado la preparación de una propuesta de norma para la protección de los Defensores de derechos humanos, así como la creación de una Relatoría especializada que estará a cargo de Víctor Atencio, director de Asuntos Internacionales de la institución.
Desde el ámbito de nuestra competencia, el Relator se encargará de recibir las quejas o situaciones por presuntas amenazas a los derechos humanos e intervendrá ante las autoridades correspondientes. Además, se encargará de buscar las mejores prácticas en el ámbito internacional para elaborar y presentar, en estrecha colaboración con la sociedad civil y con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), un anteproyecto de ley cuya consideración será recomendada a la Asamblea Nacional de Diputados, para brindar una protección efectiva de los activistas.
También coordinará la elaboración de un protocolo que establecerá las acciones y procedimientos que se deben seguir ante un caso de ataque, amenaza o cualquier otra situación que atente contra los derechos de los Defensores y Defensoras que se encuentren en territorio panameño.
Cabe destacar que el informe sobre la criminalización de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 15 de diciembre de 2015 sostiene que su protección “es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan tiene repercusiones en la sociedad en general, y busca el beneficio de la misma”.
Arreaga Pinto, ambientalista, recibió amenazas de muerte en función de su trabajo en defensa de la Laguna de Matusagaratí, en la provincia de Darién, lo cual fue repudiado por la institución a través de un comunicado que publicamos el pasado mes de junio (PONER LINK). Estas amenazas han llevado a la salida de Arriaga de Panamá.
Larissa Duarte, activista social y ambiental, fue recibida en nuestra institución el 26 de septiembre, ocasión en que explicó que una de las empresas beneficiadas con la concesión de uso de agua, para la producción de energía en la provincia de Veraguas la demandó por diez millones de dólares por haber afectado supuestamente el desarrollo del proyecto. Duarte también señaló que teme por la seguridad y la vida de su padre, una persona adulta mayor.Cabe mencionar que ella mantieneen la Defensoría del Pueblo la queja N° V-1094-07 desde el 2007 por posible afectación al ambiente y a la calidad de vida por la construcción de un proyecto hidroeléctrico que implicaba el embalse del Río Cobre.
Por otra parte, es oportuno señalar que el relator designado, Víctor Atencio, cuenta con cerca de 18 años en el activismo humanitario, desde la sociedad civil y el Estado. En la sociedad civil, desde el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) contribuyó alprimer Informe Alternativo presentado por la Red de Derechos Humanos al Comité de Derechos Humanos de la ONU (2008) y participó en la 1ª Audiencia Temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Privados de Libertad. Desde la Dirección General de Política Exterior de Cancillería (2010-12), formó parte de equipos de trabajo que impulsaron la ratificación de 5 instrumentos internacionales en materia humanitaria, contribuyó a la presentación del Informe del Estado para el Primer Examen Periódico Universal (EPU), co-redactó el decreto Ejecutivo que creó la Comisión Nacional Permanente de Derechos Humanos, e impulsó el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Asimismo ha publicado una obra en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Finalmente, la Defensoría reitera su compromiso de acompañar a los defensores de derechos humanos en la defensa y promoción de sus derechos así como de incidir ante las instancias del Estado con el objeto de promover una protección integral al ejercicio de los mismos.
