En estos momentos la continuidad de estos medios se encuentra en duda al acercarse la fecha de vencimiento de la licencia concedida al grupo editorial por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ante esta realidad la Defensoría del Pueblo reitera una vez más su preocupación.

Como ha sido reconocido internacionalmente, los medios de comunicación juegan un rol esencial en la vida democrática. Por una parte, son mecanismos a través de los cuales múltiples personas ejercen su libertad de expresión. Por otra, desempeñan una importante función social al facilitar para el público el acceso a la información. Es por esto, que el cierre de un medio de comunicación, sin importar la causa, siempre debe considerarse un hecho lamentable.

En adición a poner en peligro la libertad de expresión de los miembros del medio y de la sociedad así como el derecho a la información del público, el posible cierre de los medios también pone en peligro el trabajo y el sustento de todos sus colaboradores.

Ante esta situación, la Defensoría considera pertinente recordar que el derecho internacional de los derechos humanos impone sobre la República de Panamá obligaciones de naturaleza positiva y negativa. El Estado panameño debe abstenerse de tomar acciones que atenten contra los derechos humanos. Sin embargo su obligación no termina allí puesto que también tiene el deber de adoptar medidas para proteger los derechos humanos de toda persona bajo su jurisdicción cuando estos sean puestos en peligro por actos de terceros.

En virtud de lo anterior, la Defensoría hace un llamado a todas las autoridades de la República para que cada una, dentro de su ámbito de competencia y posibilidades, tomen las medidas que sean pertinentes a fin de proteger el derecho al trabajo de los colaboradores del grupo GESE, el derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través de la Estrella y El Siglo, y el derecho a la información del público en general.