Desde febrero del 2020, la Defensoría del Pueblo publica mensualmente el reporte institucional titulado “¿Qué pasó con ellas?”, un documento que evidencia la persistente y grave crisis de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en el Perú. El informe revela que las cifras de alertas por desaparición continúan siendo una de las manifestaciones más invisibilizadas y normalizadas de la violencia contra las mujeres en nuestro país, la cual requiere una respuesta inmediata, multisectorial y articulada por parte del Estado y de las diversas instituciones operadoras de justicia.
El documento destaca una preocupante tendencia estructural que se mantiene año tras año: la abrumadora mayoría de las víctimas de desaparición son mujeres en todas sus etapas de vida. Esta situación las coloca en un estado de extrema vulnerabilidad, expuestas a delitos conexos como la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, la violencia sexual y, en los casos más extremos, el feminicidio. Regiones como Lima, Arequipa, Cusco, Piura y Junín concentran históricamente los mayores índices de denuncias, evidenciando una crisis que atraviesa todo el territorio nacional y que requiere enfoques territorializados para su efectiva prevención.
A través del reporte “¿Qué pasó con ellas?”, la Defensoría del Pueblo ha identificado deficiencias críticas y recurrentes en la ruta de atención de las denuncias ciudadanas. Lamentablemente, persisten los prejuicios y estereotipos socio culturales en diversas dependencias policiales, donde en ocasiones se asume de manera negligente que las mujeres adultas «hicieron abandono de hogar por voluntad propia» o que las adolescentes «se fugaron con sus parejas». Estos mitos institucionales generan un retraso fatal en las primeras 24 horas de desaparición, un bloque de tiempo que es vital, insustituible y decisivo para ubicar a las víctimas con vida. La inacción o la minimización de las denuncias constituyen una vulneración directa al derecho de acceso a la justicia y contradicen flagrantemente los lineamientos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Cada minuto que pasa sin que el Estado active los mecanismos de búsqueda de manera diligente e inmediata, es un minuto en el que la vida, la libertad y la integridad de una mujer o una niña corren un peligro inminente. El reporte ‘¿Qué pasó con ellas?’ no es simplemente una recopilación estadística ni un boletín informativo; es un llamado de auxilio urgente frente a un sistema que aún no comprende la verdadera magnitud de este flagelo. Por ello, es necesario que los operadores de justicia entiendan que toda desaparición de una mujer debe presumirse como involuntaria y de alto riesgo desde el primer segundo en que se reporta.
Frente a este panorama, el informe plantea una serie de recomendaciones vinculantes y de carácter urgente para revertir esta crisis. En primer lugar, se exige a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público garantizar la interoperabilidad total de sus sistemas de información y el uso efectivo y actualizado del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED). Asimismo, se solicita formalmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que fortalezca el acompañamiento psicológico, social y legal a los familiares de las víctimas, quienes muchas veces se ven obligados a asumir las labores de búsqueda por sus propios medios y recursos. Además, es fundamental implementar programas de capacitación continua y obligatoria para los efectivos policiales, orientados a erradicar la revictimización y asegurar la aplicación irrestricta de la alerta de emergencia sin exigir demoras injustificadas. La articulación interinstitucional no es una opción, sino una obligación legal y moral. Mediante la publicación mensual de este reporte, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso inquebrantable de seguir monitoreando estrechamente esta problemática e insta a la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades de los tres niveles de gobierno a no normalizar ni darles la espalda a las desapariciones. Detrás de cada cifra plasmada en las páginas del reporte “¿Qué pasó con ellas?” hay una familia destruida por la incertidumbre, una historia de vida truncada y un país que falla en su deber más elemental: proteger la vida de sus ciudadanas. El Estado tiene la obligación de responder, con acciones concretas y eficaces, a la pregunta que da nombre a este reporte y a los cuales pueden acceder en los siguientes links:
