Derivado de la suspensión de la licencia de explotación y exploración minera “Progreso VII” por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2015, a la empresa Exploración Minera de Guatemala, el movimiento de resistencia pacífica La Puya y el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), en conferencia de prensa manifestaron su compromiso de ser vigilantes y fiscalizadores del cumplimento del amparo provisional concedido, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

Delegados de la Dirección de Mediación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) asistieron al pronunciamiento de las entidades referidas y se observó el proyecto minero, para verificar que se cumpla con la sentencia de la CSJ, en seguimiento al caso.

En el lugar del conflicto, el jefe de mediación de la PDH, Francisco Guaré, al recorrer el lugar, estableció que la carpa de la Policía Nacional Civil (PNC) que se instaló en la entrada de la mina fue removida y solo quedaron una patrulla y cuatro agentes de la PNC. Sin embargo, los pobladores de San José del Golfo manifestaron que aún se realizan trabajos en la mina.

Asimismo, se verificó el puesto de salud de ese municipio, respecto de los avances en las obligaciones que adquirieron las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ante la Magistratura de Conciencia en cuanto a supervisar la calidad del agua debido a una posible presencia de arsénico en cantidades no permisibles a consecuencia de los trabajos en la mina.

FUENTE: Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala