La Amazonía ha perdido aproximadamente 54,2 millones de hectáreas, lo que equivale al 9% de sus bosques. Tan amplia región de Suramérica alberga a unos 50 millones de personas de varios países, incluyendo a quienes forman parte de poco más de 400 grupos étnicos.

La minería ilegal, el avance de la frontera agrícola, la construcción de infraestructuras sin los adecuados estudios de impacto ambiental y sus consecuencias en los recursos hídricos, la biodiversidad y el cambio climático llevaron a la emisión del documento defensorial de prevención y advertencia.

El llamado de Carlos Camargo Assis, como Defensor del Pueblo de Colombia y Presidente de la FIO, trasciende fronteras: todos los Estados del mundo, con acciones inmediatas y efectivas, deben cumplir con sus obligaciones internacionales y trabajar de manera articulada en estrategias que promuevan un uso sostenible de los recursos de la Amazonía.

Leticia (Amazonas), 17 de abril de 2024 (@DefensoriaCol). Los riesgos originados por la deforestación y pérdida de la Amazonía, que adicionalmente incluyen contaminación y tráfico ilegal de especiales, están afectando el pleno ejercicio de los derechos humanos y degradando el ecosistema estratégico en el sur de Colombia y otras latitudes de países vecinos.

“Ante tal escenario, en conjunto con nuestros similares de Bolivia, Ecuador y Perú, además de la Procuraduría Federal para los Derechos del Ciudadano de Brasil, emitimos la Alerta Temprana FIO 001”, expresó el Defensor del Pueblo de Colombia y Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), Carlos Camargo Assis.

El documento defensorial de prevención y advertencia, añadió el Presidente de la FIO, “busca contribuir a la identificación de soluciones integrales a las problemáticas socioambientales de la Amazonía, que durante los últimos años ha perdido alrededor de 54,2 millones de hectáreas, lo que equivale al 9% de sus bosques”.

La Alerta Temprana evidencia la gravedad de las amenazas que enfrenta la amplia región, como la minería ilegal, el avance de la frontera agrícola, la construcción de infraestructuras sin los adecuados estudios de impacto ambiental y sus consecuencias en los recursos hídricos, la biodiversidad y el cambio climático.

“Estas actividades no solo degradan el medioambiente, también representan una violación directa de los derechos humanos al impactar negativamente en la calidad de vida de las comunidades étnicas y locales que dependen del gran ecosistema”, remarcó el Defensor del Pueblo de Colombia.

Aproximadamente, 50 millones de personas, que incluyen a los miembros de poco más de 400 grupos étnicos, ven amenazados sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, como también ven en serios riesgos el derecho al medioambiente sano.

“El Amazonas, que alberga el 30 por ciento de la biodiversidad del planeta y contiene la cuenca del río Amazonas, considerada la más grande del mundo con un promedio de 230.000 metros cúbicos de agua por segundo, representa aproximadamente el 20 por ciento de agua dulce de la superficie terrestre mundial, por lo que resulta imprescindible la articulación de las naciones para buscar acciones efectivas que apunten a su preservación”, subrayó Carlos Camargo Assis.

Deforestación en países que conforman la Amazonía

• Bolivia: En 2022 registró una deforestación de 309.553 hectáreas, es decir, un aumento del 16% en comparación con el 2021.
• Colombia: Históricamente, la Amazonía ha concentrado entre el 65% y 69% de la deforestación nacional, con un incremento alarmante después del Acuerdo de Paz, firmado a finales del 2016.
• Ecuador: Se ha monitoreado en determinados territorios amazónicos una deforestación masiva a un ritmo alarmante, lo que pone en peligro el ecosistema local y la vida de las comunidades indígenas.
• Perú: Más de 2,6 millones de hectáreas deforestadas entre 2001 y 2020, igualmente, una pérdida de bosque primario húmedo del 66% desde 2002 hasta 2022. Ello representa una preocupación significativa debido a su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Brasil: en el caso del país potencia, para el periodo agosto 2022-julio 2023, la tasa fue de 9,001 km², lo cual representó una disminución en la deforestación del 22,3% en comparación con el 2021.

Recomendaciones para afrontar peligros de la deforestación no controlada

Dada la urgencia y responsabilidad de todos los actores involucrados en la protección del vasto ecosistema, la Alerta Temprana FIO 001 emite una serie de recomendaciones, como la implementación de políticas y programas que fomenten la reconversión de actividades productivas hacia prácticas sostenibles, el fortalecimiento de la gestión autónoma de los territorios por las comunidades locales, el respaldo continuo a la institucionalidad pública y a las autoridades indígenas.

Además, la coordinación de esfuerzos con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la Unión Europea, la exigencia relacionada con el cumplimiento del Reglamento European Union Timber Regulation (EUTR) —el cual impide la entrada a Europa de madera y otros productos forestales que proceden de la destrucción de los bosques—, el fomento de la investigación conjunta para abordar impulsores subyacentes de la deforestación, entre otras recomendaciones.

“La deforestación no controlada podría llevarnos a un punto de no retorno, con consecuencias irreversibles para el clima global y la sostenibilidad de nuestro planeta. Por esa inmensa y preocupante razón, enfatizamos en la necesidad de acciones inmediatas y efectivas, instando a todos los Estados del mundo a cumplir con sus obligaciones internacionales y a trabajar conjuntamente en estrategias que promuevan un uso sostenible de los recursos de la Amazonía”, fue el llamado de Carlos Camargo Assis.