Las personas privadas de libertad en el extranjero constituyen uno de los grupos más vulnerables de población que existen.
El desconocimiento del idioma, el desarraigo de familiares o amigos, el deseo no siempre satisfecho de conocer su situación procesal y penitenciaria ocircunstancias penosas como el hacinamiento, la mala alimentación, la falta o deficiencia en la asistencia sanitaria, el consumo de estupefacientes, la falta de trabajo penitenciario, la corrupción de algunos funcionarios de prisiones, las condiciones de insalubridad o la falta de seguridad a la que se ven sometidos, hace que estaspersonas merezcan la atención prioritaria de las Administraciones públicas españolas.
Los casos responden en su mayoría a un perfil socioeconómico bajo, que hace su situación dentro de la cárcel aún más complicada. Casi ninguno tiene antecedentes penales pero sí una difícil situación económica, que les mueve a embarcarse en una operación de dinero “fácil”, engañados por las mafias.
La experiencia del Defensor del Pueblo demuestra que es fundamental la adecuada atención consular, y para ello debería dotarse a los consulados de más medios personales y materiales, puesto que muchos suplen con su compromiso social y personal las limitaciones presupuestarias.
Pero la importancia del problema no debiera dejar la solución al arbitrio del mayor o menor interés del funcionario en cuestión. Sería conveniente la regulación en una norma única, con un rango normativo adecuado, que contemplara con mayor precisión las obligaciones de los Cónsules y funcionarios consulares.
Deben también agilizarse los procedimientos de traslado a España de personas condenadas, aprovechar los vuelos de repatriación de inmigrantes, y llegar a acuerdos con las compañías aéreas que permitan abaratar los billetes para optimizar los recursos presupuestarios.