El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha intervenido en la Tercera Cumbre Iberoamericana “Migración y trata de personas” que se está celebrando en Ciudad de México.

Fernández Marugán, que ha participado en una mesa redonda sobre migración extracontinental, aprovechó su intervención para hacer un repaso de la situación de las migraciones en el mundo, la posición de la Unión Europea y la experiencia española en materia migratoria.

El Defensor del Pueblo hizo especial hincapié en el impacto positivo de las migraciones. Así, destacó que aportan beneficios a los países de origen, ya que las personas que migran con las remesas que envían a sus familias logran aumentar los ingresos de éstas y contribuyen a reducir la pobreza de sus países. Por otra parte, señaló que a los países de destino, la inmigración aporta trabajadores que ayudan a incrementar el PIB.

En relación a la posición de la Unión Europea ante los fenómenos migratorios, Fernández Marugán criticó que la UE carece de una política migratoria común, una realidad que se ha puesto aún más en evidencia tras el estallido de la crisis de refugiados de 2015.

Además, el Defensor denunció que los intentos de poner en marcha un mecanismo de reparto automático de migrantes han sido fallidos hasta la fecha. Ante esta falta de consenso, explicó que las ong que salvan vidas en el Mediterráneo están asumiendo un protagonismo cada vez mayor.

En este marco, resaltó que España siempre ha defendido “una mayor integración y un reparto equitativo y solidario de responsabilidades para gestionar las fronteras y los flujos de personas”.

Durante su intervención, Fernández Marugán también quiso destacar las mejoras en la demografía española originadas por la llegada de personas extranjeras. “El impacto poblacional de los flujos migratorios y el crecimiento vegetativo de la población extranjera mejoran nuestra situación demográfica”, aseguró.

Por último, el Defensor insistió en la idea de que no existe “efecto llamada” sino “efecto expulsión” en los países de origen que hace que muchas personas intenten acceder a Europa como sea. “El que intenta acceder a Europa, cuando un método de entrada se torna más difícil buscará otro, aunque sea más caro o tenga más riesgo”, recalcó.

Para Fernández Marugán, los estados tienen el deber y el derecho de establecer los medios de control que estimen más adecuados para salvaguardar la seguridad de sus fronteras y obstaculizar el acceso irregular. Sin embargo, el Defensor ha recordado que “estos medios y los operativos que se desplieguen para facilitar el mencionado control, han de ser respetuosos con el derecho fundamental más básico, que es el respeto a la vida y a la dignidad humana”.

En este encuentro, organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México también han participado por parte del Defensor del Pueblo de España, la jefa del área de Migraciones e Igualdad de Trato, Elena Arce, y la jefa de relaciones internacionales, Carmen Comas-Mata.