Balance 2018 de la actuación del Defensor del Pueblo. Ciudadanos residentes en las comunidades autónomas de Madrid (4.380), Andalucía (2.907) y Cataluña (1.624) son los que más reclamos presentaron. Los asuntos económicos y sociales volvieron a protagonizar las quejas recibidas.

A continuación, una recopilación de las actuaciones y recomendaciones más relevantes a lo largo del año:

Vivienda

En 2018 el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha insistido en varias ocasiones en que los poderes públicos deben formular de manera urgente una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más vulnerables, así como los jóvenes, puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo.

En España existen todavía muchos hogares para quienes el alquiler no es una opción sino una necesidad y la única vía posible para acceder a una vivienda. Sin embargo, la subida experimentada por el precio de los arrendamientos y la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes, hacen que la vivienda sea inaccesible para muchas personas.

A la Institución le sigue preocupando mucho la situación en la que quedan las personas que sufren un desahucio. En este sentido, el pasado mes de mayo inició una investigación con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios. El Defensor mantiene abierta esta actuación y, de momento, ha instado a que ambos departamentos analicen en profundidad y de manera coordinada el Dictamen del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que en 2017 determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa. Además, la Institución ha pedido que se tomen en consideración tanto las recomendaciones particulares como las recomendaciones generales del Comité y que publiciten el Dictamen en el Boletín Oficial del Estado o en la página web de los Ministerios de Justicia o de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En esta línea, la Institución también ha reclamado a la Comunidad de Madrid que priorice a las familias desahuciadas con menores de edad que no dispongan de una alternativa habitacional cuando adjudique una vivienda de emergencia social.

Sanidad

Varias resoluciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia sanitaria fueron finalmente aceptadas en 2018. Con la relación a la sanidad universal, la Institución siempre ha defendido la extensión del derecho a la asistencia sanitaria como un derecho público subjetivo, personal y no contributivo.

Por otra parte, el año pasado también se volvió a insistir en la necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan. La Institución ha recibido recientemente un informe del Ministerio de Sanidad del que se desprende una aceptación parcial de recomendaciones realizadas por la Institución, ya que propone la exención en la aportación farmacéutica de determinados grupos de pensionistas y de las personas con rentas inferiores a 9.000 euros, con un hijo o más a cargo. El Defensor estudiará el contenido del proyecto normativo que sea remitido a las Cortes Generales para conocer si finalmente se aceptan otros aspectos incluidos en sus recomendaciones, como la revisión de los tramos actuales de renta.

Otra actuación relevante en materia sanitaria tuvo que ver con la queja abierta ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la publicidad y comercialización de un producto, clorito de sodio, para su uso por pacientes con trastornos del espectro autista con fines supuestamente curativos.

Asimismo, la Institución mantiene abierto un expediente para averiguar por qué hay demoras en la implantación de la interoperabilidad de las historias clínicas en el Sistema Nacional de Salud y también investiga si la oferta de atención psicológica clínica existente en la sanidad pública se adecúa a las verdaderas necesidades de la población.

Llegada de personas en patera. Primera acogida

El Defensor del Pueblo lleva años denunciando los fallos y las carencias del sistema de primera acogida. Fernández Marugán alertó en una comparecencia el pasado mes de febrero que, a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera, la respuesta que está dando España es insuficiente.

En 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones, 57.250 personas llegaron a España en patera.

La Institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realizó 11 visitas este verano a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que accedían por la costa de manera irregular. Así, supervisó las distintas instalaciones que han servido para la acogida, custodia y documentación de las personas llegadas en patera.

La Institución considera imprescindible la consolidación de un catálogo de infraestructuras próximas, en el que podrían encajar los denominados Centro de Atención Temporal a Extranjeros. También aboga por la creación de equipos móviles especializados que permitan ofrecer una respuesta inmediata ante repuntes de llegadas. Además, insiste en generar un sistema de identificación de personas vulnerables que permita detectar a solicitantes de asilo, menores no acompañados y víctimas de trata.

Por otra parte, el Defensor ha reiterado a la Secretaria de Estado de Migraciones su recomendación para que se revise el protocolo para atender las situaciones de emergencia humanitaria derivadas de llegadas a través de la frontera terrestre o marítima para evitar el uso de infraestructuras no idóneas para la primera acogida y asistencia.

Protección internacional y asilo

Durante 2018 el Defensor del Pueblo ha continuado advirtiendo sobre la “insostenible” situación  en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). En su Informe de 2017 ya denunciaba que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento de solicitudes que se estaba produciendo.

En opinión del Defensor, el sistema utilizado hasta el momento para facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional ha de ser revisado de inmediato. Así, considera que se debe arbitrar un sistema eficaz de cita previa y se tiene que garantizar que las personas con necesidades de protección internacional, que estén en una situación de especial vulnerabilidad, tengan acceso a los servicios sociales y de acogida necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

A mediados de noviembre la Institución inició una actuación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas previstas para acabar con las largas esperas y condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid. Recientemente, el Defensor ha formulado un recordatorio de deberes legales a la citada comisaría recordando el derecho de cualquier ciudadano a exigir un recibo que acredite la fecha y hora de presentación de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten ante la Administración.

Por otra parte, el Defensor ha recomendado al Ministerio del Interior que formule una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una declaración general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España. La Institución considera esta solución como “la más razonable” dada la limitada capacidad de actuación de la OAR y el estado de precariedad en el que ya viven muchos venezolanos en España.

Menores extranjeros no acompañados

Los menores extranjeros no acompañados reúnen una doble condición de extrema vulnerabilidad: menores y extranjeros, de ahí la especial sensibilidad de la Institución que insiste en recordar que “son menores antes que extranjeros”.

En 2018, el Defensor ha recomendado a la Fiscal General del Estado que dicte una instrucción para que los fiscales, en los procedimientos de determinación de la edad que se inicien a extranjeros sujetos a expedientes de devolución, dicten el decreto de mayoría de edad antes de que se materialice la devolución de estas personas. La Institución quiere evitar que niños y niñas sean devueltos sin que se haya determinado si son o no son menores.

Voto personas con discapacidad

El Boletín Oficial del Estado recogió el pasado 6 de diciembre la reforma de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) gracias a la cual todas las personas con discapacidad podrán ejercer su derecho al voto.

El Defensor del Pueblo lleva años reclamando esta modificación. Así, en junio de 2016 recomendó la modificación de la LOREG para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Violencia machista

Fernández Marugán ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. El Defensor, convencido de que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” ha abogado por un cambio legislativo en dos cuestiones. Ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas. Además, en su opinión, también es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.

Educación

En 2018 el Defensor ha seguido realizando numerosas actuaciones para favorecer el cumplimiento efectivo del derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Por ejemplo, ha pedido que se garantice que alumnos con autismo puedan asistir al aula especializada que necesitan, en el centro donde ya estén escolarizados.

Además, la Institución ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas tras conocer que algunas de ellas podrían tener prevista la creación de nuevos centros de educación especial. El Defensor del Pueblo quiere conocer si estas previsiones siguen la línea que marca la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por otra parte, el Defensor recibió 28 quejas relativas a casos de adoctrinamiento ideológico en centros educativos de Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Los ciudadanos denunciaban, entre otros asuntos, que se incitaba a los alumnos y alumnas a manifestarse a favor de la independencia y en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y contra el Estado Español.

Fernández Marugán compareció en el Congreso para informa sobre este tema. En su intervención aseguró que “aunque fueran muy contados los casos de adoctrinamiento, el simple hecho de su existencia debería preocuparnos a todos extraordinariamente”. Para el Defensor, “la educación pretende enseñar a pensar, pero lo que no puede hacer es decirte lo que tienes que pensar”.

Neutralidad en edificios públicos

En 2018 el Defensor también ha tramitado quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos. Para Fernández Marugán “el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es incompatible con la presencia en los edificios públicos de símbolos de una ideología”.

En este sentido, la Institución hizo pública una declaración institucional en la que reclamaba a los poderes públicos catalanes que respetaran el principio de neutralidad ideológica que debe regir cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante.

Consumidores de energía eléctrica y telefonía

El Defensor ha reiterado la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que ha registrado el precio de la electricidad, uno de los más elevados de Europa.

En opinión de la institución, la energía eléctrica es un bien de primera necesidad y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna. Por ello, considera necesario que la regulación del sector eléctrico se marque el objetivo de lograr una energía más asequible y que por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores. Asimismo, ha pedido que se clarifiquen los mecanismos de formación de los precios de la energía con una adecuada difusión y con una versión comprensible para el público.

Por otra parte, el Defensor también inició actuaciones de oficio sobre la subida simultánea de tarifas de telecomunicaciones por las principales compañías que prestan el servicio en el mercado español y sobre la ampliación de los beneficiarios de la cobertura de Internet con redes ultrarrápidas ya que, a pesar de que existen ayudas para acelerar la extensión de la cobertura, actualmente más de un 20% de la población no dispone de cobertura a más de 100 Mbps.

Casas de apuestas y jóvenes

La Institución abrió a finales del año pasado una actuación de oficio ante los Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, preocupada por  la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de casas de apuestas y su efecto en los jóvenes. En su opinión, el fenómeno de la difusión sin control del juego, y muy en especial si los jugadores son menores de edad, tiene unas características similares a las del consumo del tabaco o de drogas.

Impuestos

El Defensor del Pueblo inició el año pasado una actuación de oficio ante la Agencia Tributaria para conocer qué procedimientos son aptos para agilizar la devolución a los padres de bebés nacidos entre 2014 y 2017 del IRPF pagado por las prestaciones recibidas durante las bajas laborales al ser padres.

En 2018 prosiguieron también las actuaciones para que la Agencia Tributaria defina un plan de actuación que facilite el acceso al servicio de confección de declaraciones de renta a todas las personas que, estando o no obligadas, decidan presentarla, sin establecer limitaciones que determinen la exclusión de tal servicio. Mientras no sea viable prestar el servicio de forma general, la Institución aboga por que se publicite en qué condiciones y a quién se presta, detallando de forma comprensible para los ciudadanos los requisitos que les excluyen del servicio y las alternativas de asistencia que pone a su disposición la Agencia Tributaria.

Pisos turísticos

El año pasado la Agencia Tributaria publicó una nota informativa para que los dueños de pisos turísticos tengan claras cuáles son sus obligaciones fiscales, en línea con la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo. En opinión de la Institución, la complejidad del régimen tributario aplicable a los alquileres turísticos puede constituir una barrera para los ciudadanos que no tengan un asesoramiento adecuado o conocimientos especializados. Así, instó al Ministerio a que la guía, una vez elaborada, fuera adecuadamente difundida al público.

Por otra parte, y en el marco de una actuación iniciada con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital tras recibir numerosas quejas, el Defensor ha realizado recomendaciones para que mejore la coordinación entre ambas administraciones y para que se publiciten de manera activa los datos del registro de viviendas. Asimismo, la Institución ha pedido que se desarrollen indicadores que permitan identificar cuándo un entorno urbano pierde o puede perder su carácter predominantemente residencial debido a la proliferación de establecimientos de servicios turísticos y que se exija a las Viviendas de Uso Turístico que dispongan de un teléfono de atención abierto permanentemente para las quejas de los vecinos.

El Defensor considera fundamental que haya transparencia y seguridad jurídica en este ámbito y que el marco normativo sea coherente para evitar que las diferentes administraciones regulen un mismo supuesto de manera contradictoria.

Medio ambiente

La Institución emprendió en 2018 varias actuaciones para proteger los espacios naturales y el medio ambiente. Es el caso de la sugerencia para que las masas de agua subterránea del entorno de Doñana (Almonte, Marismas y Rocina) sean declaradas “acuífero sobreexplotado”. El Defensor también ha pedido cambios en el Real Decreto que actualmente regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, con el objetivo de que se refuerce la protección de las especies de flora y fauna autóctonas. La Institución también actuó para que se proteja a las aves de los tendidos eléctricos y sobre la permisividad del ejercicio de la caza en el Parque Nacional de  Monfragüe.

Otras actuaciones destacadas tienen que ver con el hecho de que asociaciones ecologistas sigan sin ser reconocidas como interesadas por la Administración en procedimientos sancionadores, lo que les impide participar plenamente en el procedimiento. Para la Institución, este tipo de asociaciones deberían tener la condición de interesado cualificado, pues se constituyen con la finalidad de proteger a los animales y, por tanto, son titulares de un interés legítimo.

Actividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP)

En 2018 el MNP realizó 111 visitas a lugares de privación de libertad. Durante este año el Mecanismo ha centrado parte de su actividad en realizar un seguimiento exhaustivo de las condiciones en las que se encuentran las personas en primer grado dentro de los centros penitenciarios.

Además, ha comenzado a realizar visitas con perfil de género para analizar los principales problemas que tienen las mujeres privadas de libertad.

A finales de 2017 se puso en marcha el “proyecto Ábaco” con el objetivo de obtener el mapa global de los lugares de privación de libertad que existen en España y ya se han podido recopilar numerosos datos de los que se dará cuenta en el informe del MNP relativo a 2018.