Fernández Marugán se entrevistó con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el ámbito de la conferencia anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de DDHH que se celebró en Ginebra. Dijo que “tenemos que utilizar el potencial de nuestras instituciones para mejorar y humanizar las políticas migratorias de nuestros países”. Asimismo, alertó sobre los riesgos que se producen cuando se plantea el debate público entre seguridad y solidaridad.
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, se ha reunido con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el marco de la Conferencia Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por su sigla en inglés) que se celebró en Ginebra.
A lo largo de este encuentro, han analizado la situación de los derechos humanos tanto en España como en Latinoamérica y han profundizado en algunos de los retos a los que se enfrentan las sociedades modernas, como son la gestión de los flujos migratorios o las acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género.
Fernández Marugán también ha intervenido en la Conferencia Anual GANHRI dónde ha destacado cinco desafíos que, en su opinión, son claves para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y ha pedido utilizar el potencial de estas instituciones “para mejorar y humanizar las políticas migratorias de nuestros países”.
Para el Defensor las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos deben supervisar que las políticas migratorias de los Gobiernos sean respetuosas con los tratados internacionales de derechos humanos y con el Pacto Mundial para la Migración Segura.
Además, tienen que identificar las estrategias más efectivas para cumplir con los objetivos del Pacto. Así, por ejemplo, considera estas instituciones deben promover que los Gobiernos proporcionen a los migrantes acceso a servicios básicos y utilicen la detención sólo como último recurso. También apunta que deben realizar una labor de convicción ante las autoridades de sus países y deben seguir realizando su labor de mediadores entre los gobiernos y la sociedad civil.
Por otra parte, Fernández Marugán recuerda que “hay que alertar de los riesgos que se producen cuando se plantea el debate público entre seguridad y solidaridad” y facilitar acuerdos para que “la gestión migratoria sea un instrumento activo de cohesión para nuestros países y no una causa recurrente de discordias”.
El Defensor también ha apuntado que, en su opinión, se está produciendo un efecto expulsión en lugar de un efecto llamada y ha destacado que “las personas que toman la decisión de arriesgar su vida buscando una mejor, si un método de entrada se torna más difícil buscarán otro aunque sea más caro o tenga más riesgos”.
Fernández Marugán ha asegurado que los Estados tienen derecho a establecer medios de control para salvaguardar la seguridad de sus fronteras pero estos medios siempre deben respetar el derecho a la vida.
También ha desmentido el discurso que vinculaba la migración a la situación económica. “En España tras una durísima crisis económica, las llegadas de personas migrantes no tuvieron el dramático descenso que algunos pronosticaban”. Además, a su juicio, no se ha sabido explicar el impacto positivo que ha supuesto la llegada de un importante número de personas extranjeras a España en poco tiempo.
Por otro lado, el Defensor ha señalado algunas prácticas de las Instituciones de Derechos Humanos que, en su opinión, son destacables como la “voz firme de nuestras instituciones contra las políticas de control de fronteras que ponen en riesgo las vidas de quienes intentan encontrar una vida mejor”.
Fernández Marugán ha terminado su intervención con una reflexión del profesor Javier de Lucas que asegura que no pueden seguir creándose categorías de seres humanos presentados como “los otros” a los que se les adjudica una igualdad degradada.
