Norma fue publicada en septiembre de 2015 y aún no puede aplicarse en su integridad por falta de reglamento.
El Defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega Luna, exhortó al Ministerio del Interior (MININTER), a emitir la emisión de las normas complementarias para la aplicación de la nueva Ley de Migraciones, Decreto Legislativo N° 1236, la misma que incorpora un conjunto de principios importantes, como la unidad migratoria familiar y el interés superior del niño, que permitirá que se superen las deficiencias que generaron decisiones arbitrarias y vulneratorias a los derechos de los migrantes, en particular de familias conformadas por nacionales y extranjeros.
A través del oficio enviado hoy al MININTER se indica que dicha norma reconoce también la unión de hecho (convivencia) y mantiene un equilibrio entre la debida protección de los derechos de las personas migrantes y las exigencias de seguridad del Estado. “Pese a esos necesarios cambios y la voluntad mostrada por la Superintendencia Nacional de Migraciones de incorporarlos, se requiere de normas complementarias y medidas urgentes que permitan la vigencia de la ley en su totalidad”, acotó Vega.
Cabe recordar que en el año 2015, la Defensoría del Pueblo, presentó el Informe de Adjuntía Nº 009-2014-DP/ADHPD, “Tratamiento de las personas extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo”, documento que analizó 167 quejas que comprendía a 214 personas que resultaron afectadas en sus derechos. Un alto porcentaje de ellas, 46% eran mujeres mientras que un 11% menores de edad. El 31% de estas personas tenían una condición migratoria irregular ante la ausencia de mecanismos para mantener su condición acorde a ley.
A través de la comunicación al MININTER, el Defensor del Pueblo señala que se requiere contar con un Decreto Supremo que precise los requisitos y procedimientos para facilitar la regularización migratoria por razones administrativas, así como la dación del reglamento, debiéndose priorizar los artículos referidos a las categorías y calidades migratorias como la visa humanitaria, que protegen a las víctimas de trata internacional.
“Lamentablemente, pese a los esfuerzos y la enérgica posición asumida por el Estado para luchar contra toda forma de trata en el país, las víctimas de trata internacional hasta el momento no cuentan con esta calidad migratoria, correspondiendo dar una respuesta frente a esta situación que se inserta en las políticas públicas que se vienen implementando”, señaló Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
La funcionaria advirtió que la Defensoría del Pueblo continúa recibiendo casos de personas migrantes que son afectadas en sus derechos ante la ausencia de las normas complementarias. “Se está presentando un problema grave y recurrente con las mujeres extranjeras con hijos peruanos menores de edad que sufren violencia familiar. Muchas de ellas, dependen de sus parejas agresoras para mantener su calidad migratoria regular en el país. Esta situación debe cambiar, no se puede tolerar que sufran amenazas, agresiones y denuncias constantes en perjuicio de su salud y la de sus propios hijos”, subrayó.
Finalmente, en la misiva se recomienda incorporar a otros sectores del Estado y a representantes de la sociedad civil que vienen trabajando articuladamente en esta temática, en la comisión creada recientemente para la dación del reglamento. Este pedido es compartido plenamente por todas las entidades e instituciones que integran la “Mesa de Trabajo Intersectorial de Gestión Migratoria”, que preside el Ministerio de Relaciones Exteriores.
