Recientemente, la Entidad presentó su informe de gestión 2015, e implementó una política institucional de igualdad de género.
En el marco de la conmemoración de 20 años de trabajo en la promoción, divulgación y protección de los derechos humanos de los ecuatorianos, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, destacó el esfuerzo de la Entidad a su cargo en fortalecerse institucionalmente para mejorar su capacidad de respuesta frente a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.
Es así como durante los últimos años, la Defensoría ecuatoriana ha incorporado especialistas en acciones de tutela y protección de derechos, especialmente de los derechos de consumidores y de usuarios de servicios públicos, señaló el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, durante la presentación del Informe de Gestión 2015 de la Institución, a la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
Asimismo, durante el año 2015, la institución nacional de derechos humanos atendió 17.052 peticiones (de las cuales, 13.300, el 78%, fueron solucionadas), y asesoró otros 28.238 casos.
Política Institucional de Igualdad de Género
Con el fin de cumplir con el desarrollo de su misión institucional y de su eje estratégico de lucha contra la violencia y la discriminación, la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó en Quito, el pasado 24 de febrero, su Política Institucional de Igualdad de Género, que servirá de guía para adelantar tanto procesos internos como los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Esta política, con la que se busca proteger los derechos de género, surgió a partir de un diagnóstico realizado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Cooperación Alemana (GIZ), en el que además de establecer la creación e implementación de la misma, se identificó la necesidad de definir dos áreas concretas de intervención: la cultura organizacional y la prestación de servicios externos.
Esta política de transversalización del enfoque de igualdad de género será ejecutada en un período de cinco años, en el que se definen líneas estratégicas, acciones, metas e indicadores que permitirán identificar los avances y ajustes requeridos para cumplir con el objetivo de consolidar el enfoque de igualdad de género en la gestión interna de la Defensoría del Pueblo.
