La Ministra de Justicia y Paz y el Viceministro ordenaron el cierre definitivo del Ámbito de Convivencia F del Centro Institucional La Reforma (antigua Máxima Seguridad), y a nivel intracarcelario conocida como “las tumbas”.

En el año 2001, cuando funcionaba como un ámbito de máxima seguridad, con veintitrés horas de encierro y una hora de sol durante la semana, cada quince días las personas que no recibían visita familiar se quedaba por más de 48 horas sin la hora de sol.

El Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas, en las observaciones finales del 18 de mayo de 2001, que emitió para el Estado Costarricense, en el apartado “Motivos de Preocupación,” punto f,  señaló que “El régimen de detención de máxima seguridad, con 23 horas de encierro y 1 hora fuera de la celda, parece excesiva”.

Dentro de su historia de reclusión, las celdas de esta máxima seguridad también fueron utilizadas para alojar a personas adultas jóvenes que tenían problemas convivenciales, y para ubicar a muchas otras personas que no reunían el perfil de peligrosidad para ser ubicados en una máxima seguridad, pero sí como método de “protección”, estableciéndose un exceso en la sanción y la violación del principio de separación de categorías.

En atención a las observaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el año 2005, las autoridades construyeron un nuevo ámbito para máxima seguridad en La Reforma, el Ámbito de Convivencia E. No obstante, el ámbito de Convivencia F continuó funcionando bajo el mismo modelo de represión, hasta hace pocos días.

 En el Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del año 2015, sobre este tema, se mencionó que “Catorce años después de las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, llama poderosamente la atención la negligencia de las autoridades penitenciarias en poder resolver la situación de infraestructura y el sistema represivo que se utiliza en el Ámbito F”.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura siempre consideró que el Ámbito de Convivencia F  representó un fracaso administrativo de las autoridades del Sistema Penitenciario, las que, a lo largo de casi 14 años, no pudieron o quisieron tomar una decisión para revertir un modelo represivo de reclusión, convirtiéndolo en un depósito de personas.

El funcionamiento del Ámbito F fue un caso típico del efecto o impacto acumulativo de las condiciones de reclusión que, en su conjunto, constituyen una forma de trato cruel, inhumano y degradante, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples resoluciones.

El Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las personas privadas de libertad, en relación con una visita realizada en febrero de 2016 al Ámbito de Convivencia F “observó que las celdas se encontraban en condiciones deplorables, y que las dos pequeñas ventanas con que cuentan, no permiten el ingreso de luz natural ni una adecuada ventilación”.

Las celdas oscuras, con una infraestructura deplorable, con servicios sanitarios tipo turco -un hueco en el piso- y malolientes, con derrame por doquier de aguas servidas y aguas de cloacas, con un sistema eléctrico hechizo y peligroso, y con una infraestructura también deplorable para garantizar adecuadas condiciones laborales al personal  del sistema penitenciario, se constituyó por muchos años, en un lugar que reunía condiciones inhumanas y que producía tratos degradantes para las personas privadas de libertad y violación de derechos laborales para los funcionarios que ahí laboraban.

Costa Rica como un Estado que a lo largo de su historia democrática se ha caracterizado por el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, había estado en mora ante el concierto de las Naciones Unidas, ante el derecho convencional y ante la misma legislación nacional, al tener funcionando un ámbito con este tipo de reclusión.

Por lo anterior, es necesario saludar las acciones realizadas por el Ministerio de Justicia y Paz para proceder con la reubicación de las personas privadas de libertad de ese ámbito y el cierre definitivo del Ámbito de Convivencia F, y reconocerle a la Sra. Cecilia Sánchez Romero, Ministra de Justicia y Paz, su entereza en la protección y respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad.