Mediante la Ley N° 8671, la Asamblea Legislativa declaró el 29 de mayo como el Día Nacional de la Discapacidad. ¿Por qué se eligió el 29 de mayo como el Día Nacional de la Discapacidad? Esto obedece a que en esa fecha se publicó en el Diario oficial
La Gaceta la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Justamente, este año se cumple su vigésimo primer aniversario de vigencia. Esta es una ocasión propicia para reflexionar con respecto al estado de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se enfrentan a un entorno que no se ha diseñado contemplando sus necesidades. De ahí que diferentes instrumentos jurídicos como la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, establecen la obligación de modificar el entorno a fin de garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. Dentro de esos instrumentos jurídicos también se encuentra la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad continúan experimentando discriminación desde formas muy evidentes hasta muy sutiles, lo cual no significa menos grave, sino, más difícil de identificar.
Prueba de lo anterior, son las denuncias recibidas por la Defensoría de los Habitantes durante el año 2016, que se refieren a diferentes temas como barreras arquitectónicas, inaccesibilidad al transporte público, a los servicios de salud, a la información y a subsidios por pobreza. Ahora bien, cabe formular la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las causas de la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad? En primer lugar, las actitudes que asume la sociedad para con las personas con discapacidad. Aún predominan un conjunto de prejuicios y estereotipos con respecto a los miembros de este sector de la población. Lamentablemente, continúa prevaleciendo ideas como que las personas con discapacidad no pueden tener acceso a la educación, al trabajo o tener pareja.
Otra causa de la situación de discriminación que enfrentan las personas con discapacidad es la falta de asignación de recursos económicos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 7600, así como en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si se analiza las normas contenidas en los mencionados cuerpos normativos se percata que reconocen derechos prestacionales, en los cuales se exige comportamientos activos de la institucionalidad Costarricense para garantizar su efectivo ejercicio y para ello, se requiere necesariamente la transferencia de recursos. Las instituciones públicas cuentan con un insipiente desarrollo de sus políticas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Si bien la Ley N° 7600 dispone que todas las instituciones públicas deben emitir políticas de accesibilidad a los servicios que ofrecen, lo cierto es que, a más de veinte años de la promulgación de esta Ley, no todas ellas han cumplido con esa obligación. Las políticas de accesibilidad son de vital importancia porque definen la ruta que deben recorrer para alcanzar el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad. La accesibilidad no surge por generación espontánea, sino por el contrario, es un proceso inducido que debe ser impulsado por cada institución pública. Sin embargo, las instituciones públicas no deben conformarse con emitir políticas de accesibilidad, es preciso que desarrollen acciones tendientes a su implementación. La Defensoría de los Habitantes anunció a la comunidad nacional a principio de año que asumía la función del Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según indica el artículo 33 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los estados que han ratificado este tratado internacional deben designar una instancia que promueva, proteja y monitoree los derechos reconocidos en la misma y que cumpla con los Principios Relativos a la Condición Jurídica y el Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.
En estos momentos nos encontramos realizando acciones dirigidas a cumplir con esa nueva función que nos ha sido asignada y por este medio, renovamos el compromiso de la Defensoría con la población con discapacidad, de velar por el efectivo ejercicio de sus derechos.
