La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) manifestó su “profunda preocupación” por la situación de la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo, que enfrenta una audiencia de remoción del cargo convocada por la Asamblea Legislativa, y en ese sentido solicitó a las autoridades de ese país que “garanticen y respeten el cumplimiento de los principios de independencia y autonomía en el funcionamiento» de esa organización de derechos humanos.
En igual sentido, planteó que la Defensora no ha tenido acceso a las “pruebas recopiladas” por la comisión legislativa especial “que no han sido hechas públicas” y en ese contexto “ha visto así impedido su derecho a la defensa”.