COSTA RICA: Falta de oportunidades para poblaciones vulnerables fomentan desigualdad
En el Día Mundial de la Justicia Social, la Defensoría de los Habitantes considera oportuno pronunciarse acerca de los grandes desafíos del país en cuanto a oportunidades de desarrollo para las poblaciones más vulnerables.
Al proclamar el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, los Estados miembros de las Naciones Unidas (incluida Costa Rica), reconocieron y se comprometieron, entre otras cosas, a consolidar la labor encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
No obstante, para la Defensoría de los Habitantes los planes, políticas y procesos de desarrollo del país mantienen una deuda en la promoción y protección de los derechos humanos. Un caso puntual tiene que ver con la urgencia de atacar la pobreza, el desempleo y la marginación social en las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana. Costa Rica evidencia brechas importantes entre la región capitalina y las zonas rurales que año tras año arrastran indicadores de bienestar muy inferiores a los de la Región Central.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (julio 2014), mientras que la incidencia de la pobreza para la Región Central es de 17,2%, en la Región Brunca es de 36,2%, en la Región Chorotega es de 33,2%, en el Pacífico Central un 29,4%, en la Huetar Caribe un 28,1% y en la Huetar Norte un 26,8%. Esta asimétrica distribución de oportunidades se evidencia en las solicitudes de intervención presentadas por los habitantes ante la Defensoría. Estadísticas de la institución dan cuenta de que para el año 2015 se presentó un total de 29.300 consultas o denuncias, de las cuales 13 455 fueron recibidas en las sedes de la Defensoría ubicadas fuera del Área Metropolitana (Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón, Ciudad Neilly, Limón y San Carlos).
Las manifestaciones de pobreza en las regiones periféricas han incidido, en los últimos años, en que el Instituto Mixto de Ayuda Social fuera la institución más denunciada en estas zonas, lo cual motivó a la Defensoría a desarrollar distintas acciones conjuntas para procurar una mejora en la calidad del servicio.
Otra situación que preocupa a la Defensoría tiene que ver con la ausencia de normas vigentes o propuestas legislativas que establezcan medidas para aumentar la representación de las minorías en los altos cargos de la administración pública.
Actualmente en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa se conoce el proyecto de ley N° 19628 Ley de Acciones Afirmativas a favor de las Personas Afrodescendientes, que incluye en su artículo 3 que “toda institución pública está obligada a destinar al menos un 7% de los puestos de trabajo vacantes al año para ser ocupados por personas afrodescendientes”. La Defensoría argumentó, en criterio presentado ante esta Comisión, que existe la necesidad de adicionar un párrafo que hiciera referencia explícita a la obligatoriedad de las instituciones de acatar lo dispuesto en esta norma, para garantizar su aplicación sin dar lugar a decisiones discrecionales.
Para la Defensoría, el Estado costarricense debe redoblar esfuerzos para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a los sectores más sensibles a la exclusión social, como es el caso de las personas con discapacidad, indígenas, personas adultas mayores; personas migrantes; y las mujeres. Considera la Defensoría que el goce de estos derechos puede verse amenazado en contextos de pobreza crónica y estructural que ataca principalmente en las regiones periféricas del país.
“La justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades, debemos seguir caminando hacia una sociedad donde los derechos humanos sean respetados y las poblaciones más vulnerables cuenten con oportunidades de desarrollo que mejoren su calidad de vida”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de Costa Rica
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