La Defensoría de los Habitantes considera que la propuesta presentada por la Sutel para eliminar la fijación tarifaria para los servicios de telefonía móvil post pago carece de elementos técnicos y jurídicos, al punto que no se garantiza que el actual cobro por velocidad se mantenga a mediano plazo en los contratos de los usuarios sino más bien, existe la posibilidad que, sea sustituido por cobro por descarga, sin regulación alguna.
A esa conclusión llegó la institución luego de revisar con detalle los “Informes para la definición de mercados relevantes, análisis del grado de competencia en dichos mercados, designación de operadores o proveedores importantes y la imposición de obligaciones específicas a dichos operadores, en relación con los servicios de telecomunicaciones móviles, de banda ancha residencial, fijos e internacionales”, que llevó a consulta pública la Superintendencia de Telecomunicaciones.
En el análisis, la Defensoría sostiene que todo indica que el mercado de telefonía post pago, en la actualidad, corresponde a un oligopolio de empresa dominante, donde una de las empresas provee mayoritariamente al mercado y tiene el poder de establecer el precio, siendo que las demás operadores actúan como tomadores del precio y establecen estrategias de comercialización similares.
“Llama la atención de esta Defensoría que, del análisis del informe, en ningún momento se desprende que Sutel tenga una explicación técnica que justifique su propuesta de eliminar la fijación tarifaria para el servicio post-pago, así como tampoco la Sutel explica o deriva dicho resultado de lo expuesto”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero.
La Defensoría señaló al Consejo de la Sutel que la recomendación de eliminar la fijación tarifaria en ese segmento no se deriva del análisis realizado por la Sutel en el informe, sino que la misma sólo se filtra en las recomendaciones que debe valorar dicho Consejo, específicamente en la recomendación 4 donde se imponen obligaciones a los operadores y la misma solo se enuncia en la obligación d) sin mayor explicación. En ninguna parte del informe se explica el por qué debe eliminarse la fijación post-pago ni tampoco cómo esa medida beneficiaría la competencia en el mercado, ni los beneficios que el usuario final obtendría con tal medida.
Al respecto, y desde la perspectiva jurídica, la Defensoría advirtió que si el Consejo de la Sutel acogiera la recomendación de eliminar la fijación tarifaria en el segmento de telefonía móvil post-pago, se estaría en presencia de uno o varios actos administrativos con vicios de motivación, lo que podría constituir en una posible nulidad de los actos que emita ese Consejo.
La forma cómo se introduce al final del informe de Sutel la recomendación de eliminar la fijación tarifaria para el segmento post-pago, pareciera constituir una excusa para introducir en ese segmento del mercado la modalidad de cobro por descarga. Cabe recordar que dicha modalidad de cobro ha sido impulsada por la Sutel desde el año 2014 cuando en julio se convocó a audiencia pública como una opción para lidiar con una supuesta saturación de la red causada por un pequeño grupo de consumidores que hacía un “uso abusivo” del servicio en perjuicio del resto de los usuarios. Luego en el 2015 justificaban ese cobro para incentivar la competencia y beneficiar a los usuarios de bajo consumo, no obstante, en ambas intenciones se suspendió cuando el caso se trasladó a las instancias judiciales.
“Para la Defensoría, la eliminación de la fijación tarifaria para el servicio post-pago y dados los alcances de esa acción, permitirían a las empresas participantes no solo establecer los precios de sus servicios, sino definir la modalidad de cobro de los mismos; incluyendo el cobro por descarga. Si bien, teóricamente al eliminarse la regulación tarifaria en la telefonía móvil, el cobro por descarga se podría constituir como una opción adicional al cobro por velocidad vigente en la telefonía móvil post-pago, la Defensoría considera que en el mediano plazo el esquema por descarga podría sustituir totalmente el cobro por velocidad, posibilidad que debería ser considerada por la Sutel”, agregó el Defensor Adjunto.
El cobro por velocidad ha generado una sana competencia entre operadores o proveedores, limitando su poder de mercado en beneficio de la sociedad como un todo. La ausencia de un sistema de cobro como éste, precisamente ha acentuado las características no competitivas detectadas por la Sutel en el segmento de telefonía móvil prepago.
Si los operadores no están en la obligación de seguir brindando los contratos por velocidad, una vez que, venzan los actuales, o que puedan incluir condiciones en los nuevos contratos por velocidad que resten su atractivo ante el usuario, por lo tanto, de eliminarse la fijación tarifaria en esta modalidad existiría un incentivo para los operadores para buscar trasladar a los usuarios de medio y alto consumo al esquema de pago por descarga. Este traslado sería posible si la Sutel no establece, con ABSOLUTA CERTEZA, la obligación de los operadores de continuar ofreciendo los contratos de adhesión por velocidad bajo las mismas condiciones actuales.
Sin embargo, con su propuesta, Sutel no puede garantizar que el cobro por descarga llegue a ser una “opción más” a la orden del usuario, sino que, más bien, existe un alto riesgo de que la modalidad de cobro por velocidad desaparezca del todo y con ello no se estaría cumpliendo con lo dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución No.2014-16365.
Debido a la preocupación institucional, de la opinión pública y el poco tiempo que se otorgó en esta consulta pública, la Defensoría centró los esfuerzos en el análisis del segmento de telefonía móvil post-pago e internet residencial desde ubicación fija, para los cuales la propuesta propone eliminar la fijación tarifaria.
