La Defensoría de los Habitantes intervino ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que se garantice la atención prenatal, sin cobro alguno, a las mujeres embarazadas que no pueden sufragar ninguna modalidad de aseguramiento; otorgándoles el seguro por el Estado.
Esta solicitud de la Defensoría se da como resultado de una investigación en la que se constató, entre otras cosas, que la CCSS ha denegado el aseguramiento por el Estado a mujeres embarazadas por encontrarse morosas con el seguro voluntario, emitiéndose facturas a su nombre, por la atención prenatal brindada.
También, la Defensoría comprobó que se ha denegado la realización de exámenes médicos y se ha omitido entregar la licencia de maternidad para el cobro correspondiente a mujeres migrantes trabajadoras quienes se encuentran empadronadas como trabajadoras asalariadas, por encontrarse en situación migratoria irregular.
Asimismo, la Defensoría verificó que se solicitan requisitos como certificados de propiedad, cuentas bancarias y testamentos para determinar la procedencia o no de otorgar el seguro por el Estado a mujeres embarazadas o el beneficio familiar a esposas o compañeras de asegurados directos.
En respuesta a los cuestionamientos hechos por la Defensoría, autoridades de la Caja informaron que no era posible otorgar el seguro por el Estado a las mujeres embarazadas morosas en el seguro voluntario, debido a que esa es una modalidad de aseguramiento irrenunciable y en los casos en que haya incumplimiento de cotizaciones, deben cobrarse los servicios prestados facturando bajo el concepto de persona asegurada morosa.
Para la Defensoría, es importante reiterar que con la denegación del seguro por el Estado a mujeres embarazadas que no pudieron continuar el pago del seguro voluntario o de trabajadora independiente, se dejan de lado los derechos humanos de estas personas, priorizando en el aspecto económico sin tomar en cuenta su situación social y económica; así como el riesgo en que se pone la salud de la madre y del bebé por nacer.
En cuanto a las trabajadoras migrantes, al hacer las consultas respectivas ante las y los funcionarios de la CCSS de la zona de adscripción al cual pertenecen las denunciantes, se informó que entre los requisitos básicos para la adscripción se establece que las personas extranjeras mayores de edad con estatus regular deben presentar el DIMEX y quienes cuentan con un estatus migratorio irregular, deben presentar el pasaporte con el visado vigente.
Considera la Defensoría que si las trabajadoras fueron empadronadas como trabajadoras salariadas y su estatus migratorio irregular no fue impedimento para ello, además de que venían cotizando para la seguridad social, la CCSS
debe cancelarles el subsidio por maternidad ya que el requisito citado está establecido para la inscripción y no para hacer efectivos los derechos una vez superada esa etapa.
Para la Defensoría es necesario que la CCSS se aboque al análisis de las normas referidas a la protección especial de las mujeres embarazadas, el seguro voluntario y la consecuencia de emitir facturas de servicios de atención prenatal a estas mujeres, quienes han indicado a la Defensoría que no asisten a las citas de atención prenatal programadas, por temor a la emisión de esas facturas y ser sujetas de una deuda con esa institución, situación que pone en peligro su vida y su salud así como del o la bebé por nacer, lo que podría incidir en la afectación de las tasas de mortalidad materna e infantil del país; contraviniendo con esta actuación, el principio del interés superior de la persona menor de edad y lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Asimismo, la Defensoría recibió denuncias relacionadas con la suspensión del beneficio familiar para familiares de privados de libertad.
Conoce la Defensoría que la CCSS y el Ministerio de Justicia suscribieron, en 1993, un Convenio que tenía como uno de los objetivos garantizar que los familiares de las personas privadas de libertad también tuvieran acceso a la atención en salud. No obstante, la Caja incumple de manera unilateral dicho Convenio suscrito.
Ante esta situación, la Defensoría solicitó a la CCSS y al Ministerio de Justicia garantizar el cumplimiento de la cláusula establecida en el Convenio vigente entre CCSS-Ministerio de Justicia relacionada con el aseguramiento para familiares, cónyuges y compañeras de privados de libertad.
Oficina de Prensa: Defensoría del Pueblo
