La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, considera inaceptables las reducciones a la inversión en niñez y adolescencia propuestas durante el debate legislativo sobre el Presupuesto Nacional del año 2017, para beneficiar otros programas que no favorecerían directamente a los niños y adolescentes.

Los recortes presupuestarios propuestos afectarían al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a los programas de los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), para destinarlos al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Organismo de Investigación Judicial, sin exigir su destino a programas que beneficien a la niñez y la adolescencia.

La Defensoría de los Habitantes llama a los diputados y a las diputadas a considerar que el monto que se pretende trasladar del PANI a otras partidas no corresponde en su totalidad al porcentaje de subejecución presupuestaria de la institución. El monto que se pretende trasladar incluye fondos correspondientes al 7% del impuesto de renta, que por primera vez se iban a trasladar al PANI, a pesar de que la Ley No. 7648 lo exige desde hace 20 años y la Sala Constitucional lo ha ordenado.

Igualmente se llama la atención sobre el recorte presupuestario que afectará a la Dirección Nacional de CEN CINAI, programa que tiene como objetivo, contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y un adecuado desarrollo de la niñez que vive en condiciones de pobreza y/o riesgo social.

El Comité de los Derechos del Niño, en sus diferentes informes, ha reiterado que Costa Rica tiene la obligación de adoptar las acciones y asignar los recursos necesarios y suficientes para garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes del país conforme a sus respectivas condiciones y vulnerabilidad, todos los derechos que por su condición de personas menores de edad les están garantizados. Este señalamiento es vinculante para toda la institucionalidad del país incluida la Asamblea Legislativa.

La Defensoría exhorta a la Asamblea Legislativa a revertir esta modificación. Una reducción en la inversión en la niñez y la adolescencia impactará negativamente en el cumplimiento de las obligaciones de Derechos Humanos del Estado frente a esta población, y en la capacidad para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que requiere de acciones muy concretas y de inversión en favor de la niñez y la adolescencia.