Un hacinamiento superior al 500 por ciento y mínimas condiciones humanitarias en la Cárcel del Distrito Judicial de Riohacha, son los hechos que llevaron al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, a solicitar el cierre de este centro carcelario.

“Acá no cabe un alfiler más. Es la cárcel más hacinada del país. Los internos duermen en hamacas, el piso, en baldosines. La situación es crítica”, señaló este jueves Negret Mosquera luego de su visita al penal.

Agregó que pedirá a los organismos del Estado que agilicen la construcción de una nueva penitenciaría que, según lo informado por sus directivos, ya cuenta con un lote de 10 hectáreas.

El Defensor encontró que no hay baterías sanitarias suficientes ni servicio de acueducto permanente, por lo que deben abastecerse con carrotanques y almacenar el agua en albercas sin condiciones de salubridad.

Tampoco hay material para la atención de urgencias y los hospitales de tercer y cuarto nivel contratados están fuera de la ciudad o en otros departamentos, lo que origina problemas para la integridad de los reclusos.

“Oficiaremos al Inpec, al Uspec y al Consorcio responsable para que entregue los medicamentos, exámenes especializados y atención a los internos que lo requieren”, puntualizó el Defensor Negret Mosquera.

Además verificó que las condiciones de seguridad son mínimas: 24 guardianes tienen que cubrir turnos de ocho horas para tres garitas, cuatro patios y tres puertas. El escaso personal ha causado que no se hagan los traslados para las audiencias judiciales y las citas médicas. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo constataron la falta de armamento y que no tienen la infraestructura adecuada para sus necesidades básicas.

Esta es la segunda solicitud en una semana para el cierre de un penal que hace el Defensor del Pueblo. El pasado jueves 2 de febrero el Defensor pidió el cierre de la Cárcel de Bellavista en Antioquia, en dónde también hizo el llamado para que las autoridades locales y departamentales hagan la inversión requerida para todas los centros de reclusión del país.

Fuente: Defensoría del Pueblo Colombia