La continuidad de Caprecom, actualmente en liquidación, como prestador del servicio para la población reclusa, ha significado serios tropiezos para la atención interna y extramural.

Un preocupante panorama de salud advirtió la Defensoría del Pueblo en las cárceles del país, que se han visto perjudicadas por la crisis de la EPS Caprecom, dado que quienes se encuentran privados de la libertad no pueden ser transferidos a otras instituciones.

En razón a esta circunstancia, los 121 mil internos actualmente registrados por el INPEC están cubiertos por Caprecom en liquidación, circunstancia que se ha traducido en una notable disminución del personal médico y asistencial dentro de los penales, así como en la negativa de las IPS encargadas de la atención extramural.

La Defensoría Delegada para la Política Criminal identificó que en departamentos como Antioquia, Santander, Magdalena y Amazonas, el servicio se encuentra suspendido para 24.817 personas, lo cual se refleja en la acumulación de órdenes para atenciones especializadas, parálisis en la entrega de medicamentos, exámenes represados y tropiezos en las urgencias.

Paralelamente, en otras regiones como Chocó y Meta el servicio es parcial, siendo el común denominador la insuficiencia del personal médico y la falta de acceso a temas como la odontología, la farmacia y los laboratorios clínicos. En el caso de la cárcel de Acacías, la empresa encargada de recolectar los desechos hospitalarios suspendió sus actividades, generando un riesgo para la salubridad dentro y fuera del establecimiento.

Este panorama se agrava con hechos coyunturales como el brote de Zika que afecta a 70 mujeres de la cárcel de Santa Marta, y la contingencia que representa la infección de 18 personas con varicela en la cárcel Ternera de Cartagena, donde la Defensoría del Pueblo solicitó habilitar con urgencia el agua potable para duchas y sanitarios, ya que la ausencia del líquido vital aumenta la posibilidad de una propagación.

La Defensoría confía en que el nuevo modelo de atención dispuesto por el Gobierno Nacional, donde a través de empresas fiduciarias serán contratados los servicios en salud para la población privada de la libertad, permita eltraslado de estos usuarios y así pueda superarse este escenario y garantizar los derechos fundamentales de los reclusos.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Colombia