BOLIVIA: Los Defensores de Iberoamérica piden a Venezuela respetar los derechos humanos de los migrantes colombianos
El Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en representación de los Defensores de la región, pidieron este sábado al gobierno venezolano que se respeten los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario de ciudadanas y ciudadanos colombianos migrantes, movilizados o desplazados, que se encuentran en su territorio.
La solicitud fue difundida mediante comunicado público, suscrito por la Directiva de la FIO que integran los Defensores de Paraguay, Bolivia, Panamá, Portugal y México, quienes además piden a los gobiernos de Colombia y Venezuela, sentar las bases del diálogo que permita “generar las condiciones de confianza mutua y poner fin a esta situación que de manera evidente está afectando no solo a personas en situación de vulnerabilidad en sus derechos y sus familias que han sido separadas sin ninguna consideración, sino que está generando un clima de tensión innecesario e injustificado entre dos naciones hermanas”.
La iniciativa, propiciada por el Defensor del Pueblo Rolando Villena, se produjo luego que el pasado mes de agosto, el gobierno del Presidente Maduro decidió cerrar puntos de la frontera con la República de Colombia, militarizar la zona y expulsar de su territorio a varias centenas de colombianos asentados en su frontera, aunque las autoridades venezolanas señalaron que se trató de la salida de inmigrantes ilegales y que la medida busca detener el contrabando y la presencia de bandas delictivas organizadas.
Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación mostraron imágenes de la salida de colombianas y colombianos, entre ellos mujeres, niños y personas adultas mayores, custodiados por militares venezolanos, así como de las precarias viviendas con las puertas marcadas luego de ser revisadas, lo que ha tensionado las relaciones de ambos países y se ha convertido en la mayor expulsión de migrantes de un país latinoamericano por otro de la región, en los últimos tiempos.
La posición de los Defensores del Pueblo de la región hace votos para que se dé solución a éste y “a cualquier conflicto posterior que ponga en riesgo la unidad y la hermandad entre los pueblos y gobiernos de Colombia y de Venezuela y por ende del resto de los países de la región”, explicando además que los derechos humanos, al ser universales, van más allá de coyunturas políticas e incluso de límites fronterizos.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Venezuela detener inmediatamente “cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria” de colombianos y a “abstenerse de adoptar cualquier medida tendente a destruir” sus propiedades.
Por este mismo caso, el Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el Defensor Paraguayo Manuel María Páez, convocó de emergencia a una reunión que tendrá lugar en Asunción a fines de septiembre y, desde esta instancia, se propicia un encuentro entre los Defensores del Pueblo de Colombia y de Venezuela para avanzar en la solución del conflicto.
El Defensor Villena expresó su preocupación por este tema que “va más allá de un problema entre países y refleja la precariedad de la situación de las personas migrantes, desplazadas o refugiadas que, no solo pueden ser objeto de violencia, discriminación y explotación, sino que incluso pueden ser afectadas por decisiones políticas o de otra índole sin considerar sus derechos humanos reconocidos por todos los países de la región en sendos tratados y convenio”, señaló.
Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe, alrededor de ocho millones de personas viven en países que no son los suyos, la mayoría dentro de la misma región. En nuestro caso, se conoce que tan sólo en la Argentina viven cerca de un millón de bolivianas y bolivianas. Las Defensorías del Pueblo, así como varias instituciones de derechos humanos, han priorizado en los últimos años, la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes, desplazadas o refugiadas debido al incremento sostenido de las denuncias por violación de sus derechos humanos.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia
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