El segundo plenario 2022 de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina tuvo como escenario, la semana pasada, a la ciudad de Rosario, en el marco del congreso internacional de mediación que organizó la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, con los auspicios de ADPRA, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) y la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO).
En Argentina (al igual que en España y México) existen defensorías sub nacionales que en este país se llaman provinciales y junto a las municipales (locales) suman 65, todas agrupadas en la referida Asociación de la que también forma parte la Defensoría del Pueblo nacional.
ADPRA, tal la sigla que identifica al espacio común de los defensores de la República Argentina, realiza cuatro plenarios anuales en distintos punto del país. Luego de Rosario, conforme fija el cronograma estipulado, el tercer plenario de 2022 se reunirá en la ciudad Resistencia, capital de la provincia del Chaco, a partir del 25 de agosto venidero.
En Rosario, condujo el debate el presidente de ADPRA, Lionel Suárez secundado por la vicepresidente, Silvia Caprino, y los dueños de casa, los defensores del Pueblo de Santa Fe, Gabriel Savino (quien es el representante de todos sus pares y por delegación de éstos ante la FIO) y Jorge Henn.
En este segundo plenario se abordó un amplísimo orden del día que contemplo un análisis sobre el monto de la cuota societaria como así también los fines y el destino de su recaudación; un debate sobre la iniciativa de crear una federación de Defensorías del Pueblo locales impulsada por algunos miembros que quedó en análisis; se resolvió la creación de comisiones temáticas internas y la articulación de trabajo con el Instituto de Formación de ADPRA; un acercamiento y eventual convenio de colaboración mutua con la Federación Argentina de Municipios.
Se dictó una declaración de apoyo a la Defensoría de General Pueyrredón alertando sobre posibles intentos de acciones del Ejecutivo de esa jurisdicción que podrían debilitar su institucionalidad; se decidió gestión para avanzar en un convenio con la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación; estrategia para abordar inconvenientes con la venta y carga de la tarjeta nacional de pase en los servicios públicos de transporte; y las problemáticas en los planes de ahorro para adquisición de rodados.
ADPRA decidió sumarse al debate abierto en el país para el dictado de una nueva ley de Discapacidad y consumos problemáticos, articular para ello los trabajos y estudios realizados por equipos de diferentes defensorías.
Finalmente, una vez más, los 65 defensores provinciales y municipales de Argentina declararon la necesidad de nombrar un nuevo titular para la Defensoría nacional que ya lleva 13 años acéfala.
LOS PARTICIPANTES.- Además de los anfitriones, Savino y Henn; participaron presencialmente: Tomás Dadic y Alejandro Nató, por la Defensoría del Pueblo de la Nación; el adjunto de la provincia de Buenos Aires, Marcelo López; Ismael Rins, de Río Cuarto; Guido Messa, de Escobar; Analía Woloszczuk, de Bariloche; Agustín Payes, de la ciudad de Corrientes; Marcela Ferroni, de La Plata; Bernardo Voloj, de Resistencia; Claudia Bard, de la provincia del Chubut;
También estuvieron sentadas a la mesa en Rosario, Celeste Vouilloud, Defensora del Pueblo de la ciudad de Vicente López; Celicia Pautazzo, adjunta de Paraná; Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo del partido de General Pueyrredón; Marcia López, Defensora del Pueblo de Paraná; Silvia Caprino, de La Matanza; Lionel Suárez, de la provincia de Santiago del Estero; Víctor Curvino, de Carlos Paz y, Fernando Sosa, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa.
Tal cual impuso como uso y costumbre la pandemia de Covid, el plenario de Rosario fue en modalidad híbrida. Los asistentes presenciales lse reunieron en el foyer de la Bolsa de Comercio rosarina, en tanto vía on line participaron: Adriana Santagatti, Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro; María Laura Albabese por Defensoría de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Ger, Defensor del Pueblo de la ciudad de Santiago del Estero; Juan José Cabadas, de La Falda; Oscar Vázquez y el adjunto Manuel Gastaminza, de Zapala; Miguel Paz, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán; Paula Lafourcade, de Tandil; Valeria Roldán, por Morón; y Juan Manuel Quintana, de Pilar.