Los Defensores del Pueblo de la Región Centro y provincias vecinas se reunieron este jueves en la ciudad de Santa Fe para debatir, con el aporte técnico de prestigiosos profesionales, las causas y consecuencias de las inundaciones que afectan a estas zonas. Con el Ombudsman santafesino Raúl Lamberto como anfitrión, los participantes recomendaron, entre otros puntos, la creación de un Ente de Monitoreo de las Cuencas Interjurisdiccionales de manera de alertar a la población sobre posibles inundaciones y pedir la ejecución inmediata de toda obra que resulte esencial para evitar inundaciones en cascos urbanos y en zonas rurales.

Del encuentro participaron los Defensores del Pueblo de las provincias de Santa Fe, Raúl Lamberto; de Córdoba, su adjunto, Hugo Pozzi; de Paraná, Luis Garay; de Río Cuarto, Ismael Rins; de Santiago del Estero, Lionel Enrique Suarez; de Jujuy, Javier De Bedia, y en representación de la provincia de Buenos Aires, su secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jorge Ruesga.

Éstos analizaron la problemática hidríca desde tres ejes: aguas (escurrimientos pluviales), rutas interprovinciales y medio ambiente y producción. Los temas abordados tienen estrecha vinculación con una temática específica de las Defensorías del Pueblo: la población (rural y urbana) afectada por los últimos eventos climáticos y el impacto de un modelo productivo que empieza a evidenciar sus límites.

Como conclusión de las deliberaciones, los Defensores señalaron la necesidad de propiciar la unificación de agendas de trabajo sobre los puntos tratados y monitorear desde el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro y de las provincias vecinas, el cumplimiento en las distintas jurisdicciones de toda normativa vigente que regule la gestión integral de los recursos hídricos y ambientales. Asimismo, anticiparon que propondrán a las provincias involucradas la creación de un Comité de Cuencas Interjurisdiccionales, con participación de la autoridad nacional, con competencia de planificación, estudios y control de obras, y con facultades para evitar construcciones que puedan causar perjuicios a terceros.

En lo referido al modelo productivo, los Ombudsman propusieron promover medidas que tiendan a la efectiva protección de bosques nativos y unificar criterios que permitan planificar acciones concretas de reforestación, especialmente de especies autóctonas. Al mismo tiempo, exhortaron a procurar de manera constante una mejor calidad de vida promoviendo desarrollar las potencialidades productivas desde una perspectiva sustentable y culturalmente apropiable para cada población. En este marco, se hizo énfasis en controles estrictos y delimitaciones amplias del ejido urbano respecto al uso de productos agroquímicos.

Asimismo, los Defensores resaltaron la importancia de contar con todas las obras necesarias a los fines de evitar el corte por anegamiento de rutas o arterias de corredores viales fundamentales y de tráfico intenso. Y solicitar a las autoridades nacionales y provinciales la coordinación de un plan de obras de infraestructura vial que implique un diseño pensado en el mediano y largo plazo, como así también reclamar la más inmediata conclusión de las obras de conversión en autopistas o autovías de los corredores viales nacionales de la Región Centro.

Finalmente, los presentes acordaron en la necesidad de “concebir al suelo como un recurso natural que debe ser declarado como un activo esencial y, por ende, protegido con intervención de las autoridades estatales respecto de su uso racional y sustentable”. Por lo que definieron proponer a los gobiernos de las provincias de la Región Centro la elaboración consensuada de una planificación productiva a través de un diálogo intersectorial, que integre la mirada pública-privada y que contemple una mirada de desarrollo sostenible social y ambientalmente.