El Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) expresa su firme respaldo institucional a la defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert, ante la moción de orden promovida por integrantes de la Asamblea Legislativa costarricense, mediante la cual se cuestiona su actuación durante una visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), se exige su renuncia inmediata y se plantea la eventual apertura de un procedimiento para su destitución.
La FIO, como organización que reúne a instituciones defensoras de derechos humanos de Iberoamérica, considera necesario pronunciarse sobre una situación que trasciende la controversia particular y plantea una cuestión fundamental para el funcionamiento de nuestras democracias: la independencia de las instituciones encargadas de controlar al poder público y garantizar que el ejercicio de la autoridad estatal se ajuste al derecho y al respeto de la dignidad humana.
Las Defensorías del Pueblo no fueron creadas para convalidar las decisiones de los gobiernos ni para acompañar necesariamente las prioridades de las mayorías políticas. Fueron concebidas para ejercer una función de control independiente, particularmente allí donde el ejercicio del poder puede comprometer derechos fundamentales.
El control institucional puede no resultar cómodo para quienes ejercen el poder. Pero esa incomodidad no constituye una anomalía democrática: es una consecuencia legítima de la existencia de instituciones independientes.
En este marco, el Consejo Rector considera indispensable formular las siguientes precisiones.
1. La supervisión del sistema penitenciario constituye una obligación institucional, no una opción política.
La moción legislativa cuestiona que la defensora de los Habitantes haya visitado el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado y presenta dicha intervención como una decisión política susceptible de reproche.
Esta interpretación desconoce la naturaleza y las competencias de las instituciones nacionales de derechos humanos.
Los artículos 1 y 2 de la Ley N.º 7319 de Costa Rica establecen que la Defensoría de los Habitantes debe proteger los derechos e intereses de las personas y supervisar que el funcionamiento del sector público se ajuste a la Constitución, las leyes y los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Asimismo, consagran su independencia funcional, administrativa y de criterio.
La supervisión de los establecimientos penitenciarios forma parte de esa responsabilidad institucional.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, su Protocolo Facultativo y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos —Reglas Nelson Mandela— establecen estándares internacionales de protección de las personas privadas de libertad y de supervisión de sus condiciones de detención.
En particular, el Protocolo Facultativo exige la existencia de mecanismos nacionales independientes de prevención y contempla visitas periódicas a los lugares de privación de libertad.
Costa Rica, además, ha desarrollado este compromiso mediante la Ley N.º 9204, que establece el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito administrativamente a la Defensoría de los Habitantes y dotado de independencia funcional y de criterio.
Por consiguiente, la supervisión de las condiciones penitenciarias no representa una preferencia personal de la defensora ni una intromisión indebida en las políticas de seguridad. Constituye el ejercicio legítimo de competencias institucionales y se inscribe en obligaciones internacionales del Estado costarricense.
2. La protección de las personas privadas de libertad no implica desatender los derechos de las víctimas.
La moción sostiene que la defensora habría demostrado mayor interés en proteger a las personas privadas de libertad que a las víctimas de la delincuencia y sus familias.
El Consejo Rector rechaza esta contraposición por considerar que plantea una falsa disyuntiva entre derechos que deben ser garantizados simultáneamente.
Los derechos humanos no constituyen un sistema de preferencias en el cual la protección de unas personas deba realizarse a costa de los derechos de otras.
Las víctimas de delitos tienen derecho a la justicia, a la protección, a la información, a la reparación y a recibir un trato digno. Las personas privadas de libertad conservan, a su vez, todos aquellos derechos que no hayan sido legítimamente restringidos por una decisión judicial o por las condiciones legales de su detención.
Defender los derechos de una persona privada de libertad no significa defender el delito, justificar sus consecuencias ni desconocer el sufrimiento de las víctimas. Significa exigir que el Estado actúe dentro de los límites del derecho.
Esta concepción de la dignidad humana trasciende el ámbito estrictamente jurídico y encuentra también profundas raíces en las tradiciones éticas y humanistas de nuestras sociedades. Recientemente, durante su visita a un establecimiento penitenciario de Buenos Aires, el papa León XIV recordó la enseñanza del Evangelio según San Mateo (25:36): «Estuve en la cárcel y vinisteis a verme», en la que Jesús identifica la visita a las personas encarceladas como una expresión concreta de misericordia y responsabilidad hacia el prójimo.
Esta reflexión nos recuerda que acercarse a quienes se encuentran privados de libertad no implica desconocer la gravedad de los delitos cometidos ni el sufrimiento de sus víctimas. Supone reconocer un principio fundamental que comparten la ética humanista y el derecho internacional de los derechos humanos: ninguna persona pierde su dignidad por encontrarse privada de libertad, y ninguna sociedad puede renunciar a su deber de protegerla.
En Costa Rica existen organismos con competencias específicas para la atención y protección de las víctimas, entre ellos la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, vinculada al Ministerio Público.
La existencia de estas estructuras especializadas no excluye las atribuciones generales de la Defensoría respecto de las víctimas, pero demuestra que la protección de sus derechos constituye una responsabilidad compartida entre diferentes instituciones del Estado.
Pretender que una visita de supervisión penitenciaria demuestra desinterés por las víctimas carece de sustento institucional. La defensa de los derechos humanos es integral y no admite clasificaciones entre personas merecedoras y no merecedoras de protección.
3. La independencia de criterio no puede confundirse con un espectáculo político.
La moción califica la intervención de la defensora como un espectáculo político y cuestiona su prudencia y responsabilidad.
La FIO recuerda que los Principios de París, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 48/134, establecen que las instituciones nacionales de derechos humanos deben contar con independencia y garantías suficientes para ejercer eficazmente sus atribuciones.
Asimismo, los Principios de Venecia, adoptados por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en 2019, reconocen la necesidad de preservar la autonomía de las instituciones Ombudsperson, garantizar su independencia frente a los poderes públicos y proteger a sus titulares contra interferencias indebidas.
Las intervenciones de una Defensoría pueden generar controversias, desacuerdos y críticas. Ello forma parte del debate democrático.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre cuestionar una actuación institucional y pretender deslegitimar la función de control por resultar incómoda para determinados sectores políticos.
La independencia de una Defensoría no se mide por su capacidad de evitar conflictos con el poder, sino por su posibilidad real de ejercer sus competencias aun cuando sus intervenciones resulten incómodas.
La legitimidad institucional no exige complacencia, sino independencia, profesionalidad y sujeción al ordenamiento jurídico.
4. Las controversias sobre conductas personales deben esclarecerse sin afectar la autonomía institucional.
La moción también refiere un supuesto enfrentamiento verbal entre la defensora de los Habitantes y la directora general de Adaptación Social, así como denuncias sobre presuntas expresiones intimidatorias o irrespetuosas.
El Consejo Rector considera que toda denuncia concreta debe ser examinada mediante los procedimientos legalmente establecidos, con objetividad, respeto al debido proceso y pleno derecho de defensa de las personas involucradas.
La independencia institucional no implica inmunidad frente a eventuales responsabilidades individuales.
No obstante, las denuncias cuya veracidad aún deba establecerse no pueden convertirse automáticamente en fundamento para desacreditar a una institución ni para promover la remoción de su titular por el ejercicio de competencias legítimas.
Corresponde distinguir entre la eventual investigación de una conducta específica y la valoración de la función institucional de supervisión penitenciaria.
Confundir ambas dimensiones puede generar un precedente perjudicial: que cualquier intervención de control susceptible de provocar tensiones con autoridades públicas termine exponiendo a la persona titular de una Defensoría a presiones orientadas a su separación del cargo.
5. La solicitud de renuncia y la amenaza de destitución comprometen garantías esenciales de independencia
El punto más preocupante de la moción legislativa es la exigencia de renuncia inmediata de la defensora y, subsidiariamente, la solicitud de iniciar un procedimiento destinado a determinar su eventual destitución.
La Ley N.º 7319 establece causales y procedimientos específicos para la cesación de funciones de quien ejerce la titularidad de la Defensoría de los Habitantes.
Estas disposiciones deben interpretarse de manera compatible con las garantías internacionales de independencia institucional.
Los Principios de Venecia exigen que la remoción de una persona titular de una institución Ombudsperson responda exclusivamente a causas previstas por la ley, mediante procedimientos transparentes, objetivos y respetuosos del debido proceso, sin que las discrepancias políticas con sus actuaciones puedan constituir por sí mismas fundamento suficiente.
La FIO reconoce plenamente las facultades constitucionales y legales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, incluido el ejercicio de sus competencias de fiscalización.
Sin embargo, la potestad de control parlamentario no puede transformarse en un mecanismo de presión sobre la independencia de criterio de la institución encargada de supervisar la actuación del Estado.
La exigencia de renuncia vinculada al ejercicio de funciones de control penitenciario constituye, desde esta perspectiva, una señal institucional preocupante que merece especial atención.
6. Los compromisos internacionales de derechos humanos no pueden quedar subordinados a las preferencias políticas coyunturales.
El Estado costarricense ha asumido libre y soberanamente obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas las derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo.
Estos compromisos obligan al Estado en su conjunto, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
No corresponde a una autoridad política decidir discrecionalmente qué derechos deben ser supervisados o qué grupos de personas merecen protección.
Si determinados sectores consideran inconveniente el sistema internacional de garantías que obliga a supervisar las condiciones de privación de libertad, el debate debe plantearse con transparencia en el ámbito jurídico y político correspondiente.
Pero mientras esos compromisos permanezcan vigentes, las autoridades del Estado tienen el deber de cumplirlos de buena fe y no pueden trasladar a la persona titular de una institución independiente las consecuencias políticas de obligaciones internacionales que el propio Estado ha asumido.
Incluso una eventual decisión estatal de denunciar determinados instrumentos internacionales estaría sometida a las condiciones jurídicas aplicables y no eliminaría automáticamente otras obligaciones de protección de los derechos humanos, ni evitaría las posibles consecuencias internacionales de su incumplimiento.
No resulta jurídicamente aceptable exigir la destitución de quien contribuye a supervisar el cumplimiento de obligaciones internacionales por el solo hecho de que esa supervisión genere desacuerdos políticos.
7. Pronunciamiento del Consejo Rector
Por todo lo expuesto, el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson:
- Expresa su firme respaldo institucional a la defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert, y a la independencia de la institución que representa.
- Reafirma la legitimidad y necesidad de la supervisión independiente del sistema penitenciario, como parte de las obligaciones nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
- Rechaza la falsa contraposición entre los derechos de las víctimas y los de las personas privadas de libertad, recordando que ambos requieren protección efectiva por parte del Estado.
- Manifiesta su preocupación por la exigencia de renuncia y la eventual utilización de mecanismos de destitución como respuesta a actuaciones de control institucional, sin perjuicio del esclarecimiento objetivo de cualquier denuncia concreta.
- Exhorta a las autoridades costarricenses a garantizar el pleno respeto de la independencia funcional y de criterio de la Defensoría de los Habitantes, de conformidad con su legislación y con los Principios de París y de Venecia.
- Ratifica su disposición a acompañar institucionalmente a la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en defensa de su autonomía, de sus competencias legales y del fortalecimiento del sistema democrático de protección de los derechos humanos.
El Consejo Rector recuerda que las instituciones Ombudsperson constituyen una conquista democrática cuya fortaleza se pone especialmente a prueba cuando sus intervenciones incomodan a quienes ejercen el poder.
Una democracia no se fortalece debilitando a quienes controlan al poder. Se fortalece garantizando que puedan ejercer ese control con independencia, responsabilidad y sin temor a represalias.
CONSEJO RECTOR
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON (FIO)
17 de noviembre de 2026


