La FIO manifiesta su profunda solidaridad con las víctimas, sus familiares y con el pueblo haitiano, que enfrenta desde hace años una gravísima crisis de seguridad, humanitaria, institucional y de derechos humanos.
Los hechos de Kenscoff no constituyen un episodio aislado. Según información de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), entre abril y junio de 2026 al menos 1.408 personas fueron asesinadas y 656 resultaron heridas como consecuencia de la violencia que atraviesa el país. Asimismo, durante ese período se registraron al menos 796 víctimas de violaciones relacionadas con la actuación de pandillas, principalmente mujeres y niñas, mientras miles de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares.
Resulta especialmente alarmante la utilización sistemática de la violencia sexual como instrumento de intimidación, sometimiento y desplazamiento de la población, así como el impacto desproporcionado de esta crisis sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes y otras personas en situación de especial vulnerabilidad.
La expansión de los grupos armados hacia zonas hasta ahora menos afectadas por la violencia, los asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, ataques contra comunidades y viviendas y la interrupción de servicios esenciales profundizan una situación que compromete gravemente el ejercicio de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad, la salud, la educación y el acceso a condiciones mínimas para una vida digna.
Al mismo tiempo, la FIO advierte que las necesarias acciones destinadas a recuperar la seguridad y restablecer el control estatal deben desarrollarse con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional, colocando la protección de la población civil en el centro de toda intervención.
Resultan particularmente preocupantes los informes que dan cuenta de víctimas civiles durante operaciones de las fuerzas de seguridad, incluido el uso de drones explosivos. Toda actuación estatal destinada a enfrentar a los grupos armados debe observar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas, y cualquier eventual violación de derechos humanos debe ser investigada de manera independiente, pronta y efectiva.
Ante esta situación, la Federación Iberoamericana del Ombudsperson:
Repudia enérgicamente la masacre perpetrada en Kenscoff y todos los actos de violencia, asesinatos, secuestros, violencia sexual, desplazamientos forzados y demás graves vulneraciones de derechos humanos que afectan a la población haitiana.
Insta a la inmediata liberación de todas las personas que continúen privadas de su libertad por los grupos armados, así como a la adopción urgente de medidas destinadas a proteger a las comunidades amenazadas.
Exhorta a las autoridades haitianas a garantizar investigaciones eficaces, independientes e imparciales que permitan determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos, combatiendo la impunidad y garantizando a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Insta a que la protección de la población civil constituya el eje central de toda política de seguridad, y a que las operaciones desarrolladas por las fuerzas estatales y los mecanismos de cooperación internacional respeten estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos.
Hace un llamado a reforzar de manera urgente las medidas de prevención, atención y reparación frente a la violencia sexual y de género, garantizando a las víctimas acceso efectivo y seguro a servicios de salud, asistencia psicosocial, protección y justicia.
Exhorta a la comunidad internacional y a los organismos regionales y multilaterales a fortalecer la cooperación con Haití desde un enfoque integral de derechos humanos, que permita atender simultáneamente la emergencia de seguridad, la crisis humanitaria, el desplazamiento interno, el debilitamiento institucional y las causas estructurales que favorecen la expansión de la violencia.
La respuesta frente a la crisis haitiana no puede limitarse exclusivamente a una estrategia de seguridad. Resulta indispensable fortalecer las instituciones democráticas, el sistema de justicia, los mecanismos de protección de los derechos humanos y las políticas sociales destinadas a garantizar condiciones de vida dignas para toda la población.
En este contexto, la Federación Iberoamericana del Ombudsperson expresa su especial respaldo y acompañamiento a la Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) de Haití, institución miembro de la FIO, y reconoce la relevancia de su labor en un escenario marcado por la extrema violencia, el debilitamiento institucional y las graves vulneraciones de derechos humanos. La FIO reafirma su apoyo a la OPC en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos fundamentales y destaca la necesidad de garantizar las condiciones necesarias para que pueda desempeñar sus funciones con independencia, seguridad y plena efectividad.
La Federación Iberoamericana del Ombudsperson reafirma su solidaridad con el pueblo de Haití y reitera que ninguna estrategia destinada al restablecimiento de la paz y la seguridad será sostenible si no coloca en su centro la dignidad humana, la protección de las víctimas y la plena vigencia de los derechos humanos.
